La Cámara de Senadores votó este martes una amplia reforma laboral que introduce cambios en distintos institutos de la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas vinculadas al empleo formal. Para el abogado especialista en derecho laboral, Juan Manuel Pusineri, el eje general de la iniciativa implica “una reducción de garantías y derechos para las personas que trabajan en blanco y en relación de dependencia”.
Pusineri sostuvo que la tónica general de la ley “inclina la cancha hacia el empleador”, al fortalecer sus facultades de dirección y organización en detrimento de los derechos del trabajador, tanto en el plano individual como colectivo.
Entre los principales cambios, mencionó la implementación del banco de horas, que permitirá compensar horas extras en lugar de abonarlas como hasta ahora. La posibilidad de fraccionar las vacaciones —que antes debían otorgarse en períodos completos y ahora podrán dividirse con un mínimo de una semana— y modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad.
En este último punto, explicó que, de aprobarse definitivamente la norma, el trabajador que se enferme pasará a cobrar el 75% de su salario durante el período de licencia, en lugar del 100% actual. Además, si se interpretara que tuvo alguna “vinculación” con la causa de la enfermedad o lesión, podría percibir solo el 50% de su sueldo.
Según detalló el exministro de trabajo de Santa Fe, la tendencia será computar únicamente el salario regular, excluyendo adicionales como horas extras no habituales o premios trimestrales o semestrales, lo que podría reducir el monto final a percibir ante un despido.
La reforma también crea un Fondo de Asistencia Laboral para afrontar indemnizaciones. Actualmente, estas son abonadas directamente por el empleador. Con el nuevo esquema, las empresas aportarían mensualmente un porcentaje de la masa salarial —1% en grandes empresas y 2,5% en pequeñas y medianas— que podría cubrir total o parcialmente los despidos.
Para Pusineri, este punto modifica la lógica histórica del derecho argentino, que desde la incorporación del artículo 14 bis en la Constitución de 1957 concibe la indemnización como resarcimiento frente a un acto ilícito —el despido arbitrario— cometido por el empleador. “Ahora ya no sería el empleador quien paga directamente, sino que en todo o en parte se trasladaría esa responsabilidad al Estado”, advirtió, y anticipó posibles judicializaciones.
Finalmente, el ex ministro cuestionó que la flexibilización laboral sea el camino para generar empleo. “El empleo funciona de la mano de la economía. Cuando se destruyó empleo fue en contextos de crisis macroeconómica, no por la ley laboral”, señaló.
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