Los fiscales federales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares solicitaron una pena de 10 años de prisión para el exjuez federal Marcelo Bailaque, en el marco de una causa que lo investiga por graves hechos de corrupción durante el ejercicio de su función.
Según la acusación, a Bailaque se le imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, extorsión y lavado de dinero. La investigación sostiene que el exmagistrado habría montado una estructura delictiva destinada a perjudicar y extorsionar a empresarios locales mediante el uso del aparato judicial.
Entre las maniobras detectadas, los fiscales destacaron el cobro de un “alquiler fantasma” durante un período de seis años, que habría sido utilizado como pantalla para recibir fondos provenientes de una mutual vinculada al empresario Fernando Whpei, como parte del circuito de lavado de activos.
Uno de los ejes centrales de la causa es el presunto armado de una investigación penal contra los empresarios bursátiles Jorge Oneto y Claudio Iglesias. De acuerdo a la Fiscalía, Bailaque los habría extorsionado exigiendo el pago de 200 mil dólares a cambio de no avanzar con medidas judiciales en su contra.
Estas maniobras fueron respaldadas por la declaración del ex titular de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, quien se presentó como arrepentido. En su testimonio, relató que fue invitado a una cena en el edificio donde residía Bailaque, ocasión en la que se le anticipó el envío de una denuncia anónima contra los empresarios y se le sugirió que la elevara cuando el juzgado del exjuez estuviera de turno. Según la investigación, los damnificados habrían llegado a pagar 160 mil dólares bajo presión.
El pedido de condenas también alcanza al entorno más cercano del exmagistrado. Para su esposa, Graciela Martínez Maulión, la Fiscalía solicitó una pena de 4 años y 6 meses de prisión, imputándola junto a Bailaque por el delito de lavado de dinero en la compra de un lote en la localidad de Funes.
Finalmente, los fiscales pidieron 6 años de prisión para el escribano Santiago Busaniche, a quien señalan como partícipe directo de las maniobras extorsivas desplegadas contra los empresarios involucrados en la causa.
