La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitó al juez en lo Penal Económico que cite a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una investigación por presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social, que supera los $19.300 millones. El juez Diego Amarante también dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes y para otros involucrados en la causa.
La medida judicial se ordenó a partir del pedido de ARCA, organismo que reemplazó a la ex AFIP y actúa como querellante en el expediente. Según la denuncia, la AFA habría actuado como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social —incluidos IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios— sin depositar los montos retenidos dentro de los plazos legales de 30 días corridos posteriores al vencimiento de cada obligación.
El total bajo investigación asciende a $19.353 millones, correspondiente a retenciones impositivas y contribuciones previsionales no ingresadas al fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El juez Amarante fijó que Tapia preste declaración el 5 de marzo de 2026, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo de 2026. La misma medida alcanza a otros dirigentes de la AFA, incluidos el secretario general Cristian Ariel Malaspina, el director general Gustavo Roberto Lorenzo y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez.
ARCA y sus argumentos
ARCA sostiene que la supuesta conducta configura el delito de omisión en el cumplimiento de obligaciones como agente de retención, dado que los fondos retenidos corresponden al Estado desde el momento en que fueron descontados y no ingresados en tiempo y forma. Además, el organismo aportó informes bancarios que, según su presentación, acreditan la disponibilidad de fondos en cuentas de la AFA que podrían haber sido destinados a cumplir con las obligaciones.
La causa se inició tras una denuncia penal presentada por ARCA ante la Justicia penal económica, que amplió sucesivamente el monto reclamado y los períodos investigados. En diciembre de 2025, la denuncia original ya implicaba una acusación de deuda superior a $7.500 millones, que luego se incrementó con la ampliación del período analizado.
La indagatoria constituye el primer acto procesal en el que los imputados pueden ejercer su derecho de defensa, declarando o absteniéndose. La prohibición de salida del país impuesta por el juez es una medida cautelar que no prejuzga sobre posibles responsabilidades penales futuras.
