El radar ubicado en el kilómetro 5,8 de la Ruta Nacional 168 volvió a quedar en el centro de la controversia tras la difusión de nuevos planteos sobre su legalidad. La discusión enfrenta a especialistas y usuarios con el Gobierno provincial, en medio de interpretaciones contrapuestas sobre las normativas vigentes.
La abogada Patricia Almiral dio a conocer una providencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que, según indicó, confirma que el cinemómetro no cuenta con la autorización necesaria para operar en una ruta nacional. “Se expidió la Agencia Nacional de Seguridad Vial ante numerosos requerimientos para saber qué pasa con este radar”, explicó en EME.
En esa línea, sostuvo que “los radares colocados en la Ruta Nacional 168 no se encuentran autorizados” y remarcó que “resultan inválidas todas las multas que se procesen a partir de un radar colocado en una ruta nacional que no cuente con la autorización correspondiente”.
Almiral también advirtió que el caso podría no ser aislado. “Desde Vialidad Nacional me confirmaron un estudio que indica que hay más de 100 radares en las mismas condiciones en la provincia de Santa Fe”, señaló, y agregó: “Esto toma otra trascendencia. Se exige que la Provincia se expida y dé explicaciones”.
Además, cuestionó la falta de información pública sobre estos dispositivos. “Cualquier particular debería poder controlar la lista de radares habilitados, pero esa información no está disponible”, afirmó, y sostuvo que el objetivo de su planteo es “visibilizar que hay miles de damnificados”.
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La respuesta de la Provincia
Desde el Gobierno santafesino rechazaron los cuestionamientos y defendieron la legalidad de los controles. El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, aseguró que existe “un error conceptual” en la interpretación de la normativa.
“Se cree que la Agencia Nacional o Vialidad Nacional tienen que habilitarnos, y eso no es así”, sostuvo el funcionario. Y añadió: “Por la ley provincial 13.133, en sus artículos 12 y 34, estamos facultados para colocar dispositivos fijos o móviles y medir velocidad tanto en rutas provinciales como nacionales dentro del territorio santafesino”.
Torres fue más allá y cuestionó los planteos de la abogada: “No buscamos lo mismo. Nosotros trabajamos para evitar siniestros viales y salvar vidas. Hay quienes buscan otra cosa”.
Asimismo, remarcó que los controles son una herramienta clave en la política de seguridad vial: “Es una responsabilidad del Estado realizar estos controles para prevenir accidentes y reducir la siniestralidad”.
Un debate que puede escalar
La controversia deja expuesto un conflicto de interpretación entre jurisdicciones sobre quién debe autorizar y controlar este tipo de dispositivos. Mientras desde Nación se plantea la necesidad de habilitación, la Provincia sostiene que tiene autonomía para avanzar en estos controles.
En este contexto, crece la incertidumbre entre los conductores sobre la validez de las infracciones generadas por estos radares. El caso del dispositivo ubicado en la Ruta 168 podría convertirse en un antecedente clave si la discusión avanza en el ámbito judicial.
Por ahora, el debate sigue abierto, con posiciones firmes de ambos lados y un tema que impacta directamente en miles de usuarios de las rutas santafesinas.
