Después del ataque en la escuela de San Cristóbal el pasado 30 de marzo, cuando un alumno disparó en el patio contra sus compañeros y mató a uno de ellos, se sucedieron una serie de amenazas en distintos establecimientos a lo largo y ancho de toda la provincia. Esos episodios obligaron a las autoridades escolares, y del área de educación y seguridad del gobierno provincial, a activar los alertas y con ello movilizar una importante cantidad de recursos humanos y materiales.
Tras una ola imparable de casos similares, a finales del mes de abril, las autoridades de la provincia comunicaron la decisión de identificar a los autores de la amenazas y e intimar a los adultos responsables de cada uno de ellos a pagar los gastos generados por los operativos desplegados.
Así fue que 53 familias fueron noticiadas de que en un plazo perentorio debían pagar cifras millonarias para cubrir los gastos de lo que había generado dar seguridad en los establecimientos que habías recibido amenazas realizadas por sus hijos.
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De todos ellos, solo seis familias pagaron lo que les demandaban, el resto, 47 del total desoyeron la intimación.
Según había calculado el Ministerio de Seguridad, el total de esos gastos sumó $139.429.864, de lo que apenas recuperaron $9.824.430.
Según se informó oficialmente, diez notificaciones se reportaron en la Unidad Regional XVII correspondiente a San Lorenzo, siete en la URII de Rosario, seis en la URI de La Capital y seis en la URXI de Las Colonias. El resto se hicieron en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
En Santa Fe sólo se realizó un pago de $1.009.442 el 7 de mayo y en Iriondo se efectuó un pago de $3.560.307, además, hubo dos pagos concretados el 12 de mayo en San Lorenzo por $805.443 cada uno y un tercero por el mismo monto, realizado el 5 de mayo. Finalmente, en el departamento Rosario se efectivizó únicamente un pago el 26 de mayo de $2.838.352.
Según aclararon desde el Gobierno, en los casos en los que no se efectuaron los pagos, se inicia el proceso judicial a cargo del fiscal de Estado, Domingo Rondina. Este proceso puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales.
