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La Fiscalía recibió las primeras denuncias por la presunta esatafa en la Mutual de Nelson

La crisis que atraviesa la Mutual del Club Libertad de Nelson sumó un nuevo capítulo con la presentación de denuncias judiciales por parte de ahorristas que aseguran no poder retirar sus depósitos. La investigación quedó en manos del fiscal Ignacio Orio y alcanza a una entidad que operaba no solo en Nelson, sino también en localidades de la región.

Además

Tras la muerte de un directivo y la desaparición de fondos en la Mutual Libertad de Nelson, los ahorristas damnificados denunciaron demoras en la investigación judicial y señalaron complicidades institucionales. Héctor Beltrán, uno de los principales afectados, reclamó que se esclarezca el rol de las autoridades comunales y de la tesorería en lo que consideran una estafa planificada.

El damnifiado relató su padecimiento personal al explicar que depositó su dinero en un plazo fijo por comodidad y buscando una rentabilidad habitual en el pueblo. Sin embargo, al producirse el vencimiento de su inversión, se encontró con la dramática realidad de que la entidad no contaba con fondos disponibles para efectuar la devolución.

En medio de una incipiente corrida financiera, la renuncia de la tesorera Melina Forzare precedió por apenas una semana al trágico suicidio del directivo Leiva. Beltrán sembró dudas sobre esta muerte al asegurar «si Leiva se hubiese robado el dinero, no se hubiese matado».

La causa quedó radicada en el Ministerio Público de la Acusación y es investigada por el fiscal Alejandro Orio, quien recibió las denuncias presentadas por los ahorristas afectados. Existen varias presentaciones judiciales impulsadas por vecinos de Nelson y localidades cercanas como San Jerónimo Norte y Llambi Campbell, aunque todavía no se conoce con precisión la cantidad total de damnificados ni el monto de dinero comprometido.

Actualmente, la causa penal cuenta con un expediente formalizado bajo la representación del abogado Adrián Mariseldí y abarca al menos a 40 damnificados de distintas localidades de la región. Beltrán lamentó la lentitud del proceso tras cumplirse quince días de la denuncia, concluyendo con amargura que el retraso en los allanamientos permitió el ocultamiento de pruebas definitivas.

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