La controversia por la distribución de espacios en el nuevo edificio judicial de la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo capítulo. Las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) rechazaron formalmente la propuesta realizada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al considerar que no resuelve el conflicto de fondo y que contradice disposiciones constitucionales vigentes.
A través de un comunicado conjunto, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Jorgelina Moreno Robinson remarcaron que la nueva Constitución provincial debe ser respetada por todos los integrantes del sistema judicial y cuestionaron la decisión adoptada por el máximo tribunal santafesino.
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Cuestionamientos al ofrecimiento de la Corte
La respuesta institucional llegó luego de que la Corte anunciara la cesión de nuevos espacios para el funcionamiento de ambos organismos. Entre ellos, se encuentran dependencias ubicadas en el sexto piso del edificio Anexo del Palacio de Justicia y el inmueble donde actualmente funciona el Fuero Laboral, sobre peatonal San Martín.
Según el comunicado de los ministerios públicos, la medida no resuelve el planteo realizado y desconoce lo establecido en la cláusula décimo sexta de las disposiciones transitorias de la Constitución reformada, que determina que los inmuebles y espacios ya asignados al Ministerio Público no pueden ser modificados sin su consentimiento.
Las autoridades recordaron además que en 2021 la propia Corte había formalizado la asignación de sectores específicos dentro del nuevo edificio judicial para el MPA y el MPD, por lo que sostienen que cualquier cambio debería contar con la conformidad de ambos organismos.
El destino de la obra y la advertencia de acciones legales
Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con el financiamiento del edificio. Desde el Ministerio Público señalaron que la construcción fue realizada con recursos provenientes de un crédito internacional autorizado por la Legislatura provincial para la creación de un Centro de Justicia Penal, por lo que consideran que el destino original de la obra no puede ser modificado.
En ese sentido, Vranicich y Moreno Robinson afirmaron que continuarán defendiendo la autonomía e independencia de sus instituciones y dejaron asentada una reserva de acciones legales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
No obstante, ambas funcionarias remarcaron que mantienen la voluntad de diálogo y recordaron que en abril habían presentado una propuesta conjunta ante la Corte para encontrar una solución consensuada, iniciativa que, según indicaron, todavía no obtuvo respuesta formal.
La disputa se produce a pocos días de la inauguración del nuevo edificio judicial, prevista para el próximo 30 de junio, y profundiza las diferencias entre la Corte Suprema y los ministerios públicos en torno a la organización de los espacios que ocuparán los distintos actores del sistema penal santafesino.
