Los senadores nacionales percibirán un nuevo incremento salarial a partir de agosto, lo que llevará sus dietas a $11.877.000 brutos mensuales, como consecuencia de la aplicación del último tramo del acuerdo paritario alcanzado para el personal legislativo.
El aumento surge del convenio firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios que representan a los trabajadores legislativos. Debido a la denominada «ley de enganche», las dietas de los integrantes del Senado se actualizan automáticamente en función del valor del módulo legislativo, utilizado para calcular sus remuneraciones.
La recomposición salarial contempla un incremento acumulativo del 6,7%, distribuido en tres etapas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% que comenzará a regir en agosto. Este ajuste se suma al incremento del 12,5% aplicado durante el primer cuatrimestre del año.
Con la nueva actualización, la remuneración de los senadores estará compuesta por 2.500 módulos correspondientes a la dieta, además de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos en concepto de desarraigo, según el esquema vigente.
El incremento implica una mejora cercana a $1,2 millones entre enero y agosto y ubica la evolución salarial por encima de la inflación acumulada durante el primer semestre del año, de acuerdo con los datos oficiales.
La situación contrasta con la de los diputados nacionales, quienes no están alcanzados por el mismo mecanismo de actualización automática. Actualmente, sus haberes rondan los $6.072.000 brutos, lo que amplía la diferencia salarial entre ambas cámaras y genera cuestionamientos dentro del propio Congreso.
El acuerdo también contempla aumentos para el personal legislativo. Los trabajadores de las distintas categorías percibirán mejoras en sus salarios como parte de la misma negociación paritaria, mientras que los gremios solicitaron avanzar en una revisión integral del esquema salarial para regularizar diferencias existentes entre distintos sectores.
La actualización de las dietas vuelve a instalar el debate sobre los salarios de la clase política, especialmente en un contexto marcado por la desaceleración económica, la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población y una tasa de desocupación cercana al 8%. En ese escenario, algunos bloques parlamentarios ya habían anunciado durante el año la renuncia o donación de los incrementos salariales, una postura que podría volver a cobrar protagonismo tras la entrada en vigencia de este nuevo aumento.
