El debate legislativo en torno a la prohibición de los denominados «tapitos» generó una fuerte reacción en las escalinatas de la Legislatura santafesina, donde diversas organizaciones sociales manifestaron su absoluto rechazo a la iniciativa. Durante la jornada, se llevó a cabo un panel que analizó el destino de las familias que dependen de esta actividad en un contexto económico sumamente complejo.
Froilan Aguirre, representante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, advirtió sobre el carácter regresivo de la normativa frente a los alarmantes índices de desocupación actuales. «Nos parece un horror que la política no tenga más imaginación que la persecución, la estigmatización de los sectores populares», sentenció el militante.
Para el referente, las medidas restrictivas que se vienen aplicando desde hace años representan un golpe letal para la subsistencia de los sectores más vulnerables. Aguirre remarcó con preocupación que se persigue a «compañeros y compañeras que tratan de subsistir desde las situaciones más adversas para llevar un plato de comida a su casa».
Por su parte, el abogado de la organización Tramas, Derecho y Movimiento, Guillermo Munne, centró sus argumentos en los graves vicios de inconstitucionalidad que presenta el proyecto de ley. El letrado recordó que los principios del derecho penal argentino impiden el uso de la fuerza del Estado en acuerdos que son de carácter estrictamente voluntario.
Munne cuestionó que la propuesta contemple la pena de arresto basándose únicamente en la percepción de peligrosidad que pueda llegar a manifestar un conductor. «No existe en este derecho penal racional, se exige que haya lo que se llama el principio de lesividad, que haya un perjuicio real, concreto y objetivo a alguien, no por sensaciones de prejuicio», detalló el especialista.
