La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Santa Fe brinde precisiones sobre la situación de los radares instalados en rutas nacionales que atraviesan la provincia, luego de que trascendiera que más de un centenar de estos equipos operarían sin contar con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.
Según explicó la legisladora en diálogo con EME, la iniciativa surgió a partir de información de Vialidad Nacional que detectó la presencia de más de 100 cinemómetros ubicados en corredores de jurisdicción nacional sin los permisos correspondientes.
«Nos enteramos que Vialidad Nacional detectó más de 100 radares ubicados en las rutas que pasan por la provincia de Santa Fe, pero que son de jurisdicción del Estado Nacional», afirmó.
Advierten que las multas podrían ser inválidas
Malfesi sostuvo que para que un radar pueda labrar infracciones debe contar con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el permiso de uso del espacio otorgado por el Estado nacional.
«Estos radares no contarían con estos requisitos y eso conlleva que las multas labradas con estos aparatos serían inválidas», aseguró.
En ese contexto, explicó que el pedido de informes busca que el Ejecutivo provincial aclare la situación y determine si los dispositivos cumplen con todos los requisitos legales para su funcionamiento.
La legisladora remarcó además que el planteo no cuestiona los controles de velocidad como herramienta de prevención.
«No estamos en contra del control de la velocidad, nos parece una buena herramienta preventiva de accidentes, pero siempre que esté todo en regla», señaló.
Cómo verificar si un radar está habilitado
Malfesi indicó que cualquier conductor puede comprobar si el dispositivo con el que fue detectada una infracción está autorizado.
Según explicó, el número identificatorio del radar figura en el acta de infracción y puede consultarse en el registro oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
«Si usted recibe una multa y el aparato utilizado no figura en esa lista, entonces sí sería ilegítimo y podría no pagar, o si pagó, pedir que le devuelvan su dinero», afirmó.
Reclamos y posibles acciones legales
Respecto de las responsabilidades, la diputada sostuvo que correspondería a las autoridades provinciales o a los municipios y comunas que instalaron los equipos cumplir con los trámites necesarios ante el Estado nacional.
También consideró que, si se comprueba la falta de habilitación, los ciudadanos cuentan con distintas vías para reclamar.
Entre ellas mencionó la posibilidad de solicitar la revocación administrativa de la multa y, en caso de ser necesario, iniciar acciones judiciales.
Para quienes ya abonaron una infracción, señaló que pueden pedir el reintegro del dinero ante el organismo que emitió la sanción. En tanto, recomendó a quienes aún no pagaron presentar un descargo para cuestionar la validez de la multa si el radar no contaba con la habilitación correspondiente.
Finalmente, Malfesi advirtió que las autorizaciones no representan un mero trámite administrativo, sino que son un requisito esencial para garantizar la legalidad de los controles y la legitimidad de las sanciones que se aplican a los conductores.
