La disputa por el financiamiento de las universidades públicas volvió a quedar sin una solución luego de la audiencia realizada este viernes ante la Justicia, convocada para avanzar en la causa de fondo que enfrenta a las instituciones académicas con el Gobierno nacional.
Durante el encuentro, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteraron su reclamo para que se actualicen los recursos destinados al funcionamiento de las universidades, la investigación científica y tecnológica y, especialmente, los hospitales universitarios.
La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las partes mantuvieron sus posiciones y no lograron alcanzar un acuerdo.
El reclamo de las universidades
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la situación presupuestaria de los hospitales universitarios.
En representación de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió sobre las dificultades que atraviesan esos centros de salud y reclamó que se asignen los créditos contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, independientemente del cronograma de transferencias financieras.
La preocupación por el funcionamiento de los hospitales universitarios ya había sido planteada meses atrás. Desde la UBA habían advertido que, de persistir la falta de recursos, los establecimientos podían quedar al borde de una situación de «parálisis total».
El CIN respaldó el planteo y señaló que la situación requiere una respuesta urgente para las universidades públicas que cuentan con hospitales propios. Además, solicitó que se acelere tanto la resolución definitiva de la causa como el cumplimiento de la medida cautelar que se encuentra vigente.
El Gobierno mantuvo su postura
El Poder Ejecutivo estuvo representado en la audiencia por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio P. Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Los representantes oficiales señalaron que tomaron nota de los reclamos formulados por las autoridades universitarias y repasaron las medidas adoptadas por el Gobierno. También mencionaron la convocatoria a paritarias prevista para el 1 de septiembre.
A su vez, se comprometieron a analizar la posibilidad de asignar los recursos solicitados, aunque mantuvieron su pedido para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada en el expediente.
La postura oficial se mantiene en línea con el argumento de que la ley de financiamiento universitario entra en conflicto con las normas vigentes de responsabilidad fiscal.
La Corte ya había avalado la cautelar
El conflicto se profundizó luego de que la Corte Suprema avalara la medida cautelar que obliga al Estado nacional a girar recursos para dar cumplimiento a la normativa de financiamiento universitario.
El reclamo también contempla la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, que las universidades sostienen que perdieron poder adquisitivo desde 2024.
Desde el sector universitario cuestionan que, pese a la decisión judicial, los fondos reclamados todavía no hayan sido transferidos en los términos solicitados.
En ese contexto, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, fueron denunciados penalmente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Optimismo entre los rectores pese a la falta de acuerdo
Aunque la audiencia terminó sin un entendimiento entre las partes, desde el CIN evaluaron que el encuentro podría abrir la puerta a una definición en los próximos días.
El presidente del organismo, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades ratificaron la necesidad de que se cumpla con la cautelar y que se avance con rapidez hacia una sentencia definitiva.
«Cada parte ratificó su posición, no hubo acuerdo y siguen las actuaciones según su estado», explicó, aunque consideró que la audiencia fue importante y manifestó expectativas de obtener novedades próximamente.
Las autoridades universitarias también expresaron cierto optimismo ante la posibilidad de que el conflicto avance por la vía judicial o que el Ejecutivo finalmente disponga el giro de los fondos reclamados.
Paros y tensión con el Gobierno
La falta de respuestas mantiene abierta la tensión entre las universidades y el Gobierno nacional. Los gremios docentes universitarios ya realizaron medidas de fuerza durante agosto y convocaron a nuevas acciones en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las casas de estudios.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, por su parte, respondió públicamente a las críticas de sectores opositores que reclaman el cumplimiento de la sentencia judicial.
El funcionario cuestionó la posibilidad de incrementar el gasto universitario y utilizó en redes sociales una referencia a los «chachos», la cuasimoneda implementada por el Gobierno de La Rioja, en respuesta a un planteo del diputado socialista santafesino Esteban Paulón.
La causa continuará en la Justicia
Con la falta de acuerdo en la audiencia, el expediente continuará su trámite judicial. Las universidades insistirán en el cumplimiento de la medida cautelar y en una resolución definitiva que establezca los mecanismos de actualización de los recursos.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su rechazo a la cautelar y sostiene sus cuestionamientos sobre la aplicación de la ley de financiamiento universitario, por lo que el conflicto permanece abierto y con impacto directo en el funcionamiento de las universidades públicas, sus hospitales y la situación salarial de sus trabajadores.
