El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una iniciativa para implementar el transporte público urbano gratuito durante los fines de semana y feriados en todo el país. La propuesta, conocida como “tarifa cero”, busca aliviar los gastos de los hogares y facilitar el acceso a la movilidad, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
El mandatario, que busca su reelección, adelantó que enviará al Congreso una propuesta de enmienda constitucional para establecer este beneficio a partir de 2027. Su implementación dependerá del resultado electoral y de la aprobación parlamentaria.
Un ahorro millonario y un posible impacto en la inflación
Según estimaciones del economista Leonardo Costa, de la institución financiera ASA, la gratuidad podría reducir en 0,25 puntos porcentuales el índice oficial de inflación (IPCA) en el mes de su implementación, debido a la disminución del costo del transporte urbano.
Además, estudios económicos proyectan que la medida podría liberar hasta 45.000 millones de reales anuales, equivalentes a unos 8.800 millones de dólares, que las familias podrían destinar al consumo de alimentos, salud, vivienda y otros bienes esenciales.
Una investigación de la Universidad de Brasilia estima que el impacto económico de un sistema de gratuidad integral podría alcanzar los 60.000 millones de reales anuales, considerando también los beneficios que ya reciben determinados grupos de usuarios.
El desafío de financiar el transporte gratuito
Actualmente, ciudades como São Paulo, Brasilia y Belo Horizonte cuentan con sistemas de gratuidad en determinados días, mientras que Curitiba ofrece tarifas reducidas durante domingos y feriados.
Sin embargo, extender el beneficio a escala nacional presenta desafíos económicos. La Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) advirtió que la recaudación por pasajes ya resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de numerosos sistemas urbanos.
Por ese motivo, la entidad planteó la necesidad de incorporar nuevas fuentes de financiamiento y avanzar de manera progresiva, priorizando a los sectores más vulnerables.
La iniciativa todavía no fue aprobada y su aplicación dependerá del Congreso brasileño, que deberá definir tanto el alcance del beneficio como los recursos necesarios para sostenerlo.
