El Senado de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, recibió el respaldo unánime de los legisladores presentes y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La propuesta busca establecer un sistema integral de prevención, asistencia y seguimiento de las situaciones de violencia por razones de género, con medidas de protección adaptadas a la gravedad de cada caso.
El tratamiento contó con la presencia de los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, quienes acompañaron el proyecto y realizaron aportes durante su elaboración.
Durante el debate, Esteban Motta destacó la necesidad de abordar la problemática más allá de las diferencias políticas. “La protección de la víctima debe estar por encima de todo”, sostuvo.
Por su parte, Ciro Seisas vinculó la iniciativa con las políticas de seguridad y planteó la importancia de avanzar en herramientas específicas para prevenir la violencia de género. Desde el justicialismo, Pirola advirtió sobre el incremento de los femicidios y pidió respuestas coordinadas entre los distintos sectores políticos. En tanto, Felipe Michlig valoró el diálogo entre los bloques para alcanzar un acuerdo.
Cuatro niveles de riesgo y medidas de protección
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un sistema de evaluación que clasificará las situaciones de violencia en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
Para determinar el riesgo se tendrán en cuenta indicadores como amenazas de muerte, separaciones recientes, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de restricciones previas y llamados reiterados al 911.
A partir de esa evaluación, la Justicia podrá disponer distintas medidas, entre ellas restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y acciones frente al hostigamiento digital.
En los casos de riesgo alto o crítico, el texto establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y del agresor mediante dispositivos que permitan controlar el cumplimiento de las restricciones. Las excepciones deberán estar justificadas judicialmente.
También contempla el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego cuando la situación lo requiera, así como la comunicación con las autoridades competentes.
Otra herramienta prevista es el arresto conminatorio excepcional, una medida temporal que podrá disponer la Justicia ante determinados incumplimientos de las órdenes de protección. Esas conductas también serán consideradas para actualizar la evaluación del riesgo.
Denuncias más accesibles y asistencia inmediata
La iniciativa establece que las denuncias podrán recibirse en cualquier comisaría u organismo habilitado. Además, ante situaciones urgentes, cualquier tribunal podrá intervenir para disponer medidas de protección.
Según el proyecto, las medidas tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. También se prevé asistencia jurídica para las personas afectadas y se prohíbe recurrir a instancias de mediación o conciliación en estos casos.
Otro de los puntos es la creación de un registro digital unificado que reunirá información sobre denuncias, medidas judiciales e incumplimientos. El sistema permitirá compartir datos entre organismos estatales, con mecanismos de protección de la información personal.
La propuesta también contempla la conformación de un equipo interdisciplinario especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa, encargado de evaluar situaciones, elaborar informes y acompañar a las víctimas.
Protección para niños y asistencia de emergencia
El proyecto incorpora medidas específicas para niños, niñas y adolescentes expuestos indirectamente a situaciones de violencia de género.
Además, prevé un fondo de asistencia de emergencia para cubrir necesidades urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambios de cerraduras y otras medidas destinadas a reforzar la seguridad en los hogares.
Por último, establece que el Estado deberá intervenir ante alertas de dispositivos electrónicos que hayan sido técnicamente validadas, sin que sea necesario que la víctima confirme el pedido de asistencia.
Con la media sanción del Senado, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá obtener la aprobación correspondiente para convertirse en ley.
