El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió el paquete de leyes de seguridad impulsado por su gestión y afirmó que la provincia necesita ampliar las herramientas para combatir el delito. Durante el acto de ascenso de 300 agentes del Servicio Penitenciario, realizado este miércoles en la capital provincial, advirtió que las organizaciones criminales continúan activas y que es necesario sostener las políticas de seguridad.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, expresó el mandatario al referirse a los proyectos enviados a la Legislatura. Además, anticipó que el Ejecutivo presentará nuevas iniciativas para fortalecer las acciones contra el delito. Frente a los cuestionamientos sobre una posible inconstitucionalidad de algunas medidas, aseguró: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Pullaro respaldó su planteo con cifras de homicidios que atribuyó a la gestión provincial. “Hace tres años, a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que la disminución de la violencia no implica que las organizaciones criminales hayan sido desarticuladas. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, advirtió, y sostuvo que actualmente se encuentran contenidas por la intervención estatal.
Qué cambios propone el paquete de seguridad
Entre las iniciativas que impulsa el Gobierno provincial se encuentran modificaciones a las herramientas de investigación penal y a las facultades de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público de la Acusación.
El paquete contempla la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias vinculadas con la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio.
También propone habilitar a la Policía a interrogar a sospechosos y a los fiscales a entrevistar a personas vinculadas con un hecho antes de una imputación formal.
Entre los puntos incluidos figuran, además, los juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados, la implementación de decretos penales para determinados casos con penas leves y pruebas contundentes, y la creación de zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad.
La propuesta también contempla derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales, junto con una ampliación de las facultades de inteligencia y del programa de recompensas.
El tratamiento legislativo de estas medidas generó cuestionamientos de sectores judiciales, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos, principalmente por el alcance de las atribuciones propuestas y sus posibles efectos sobre las garantías del proceso penal.
Pullaro cuestionó las objeciones y defendió las garantías constitucionales
Durante su discurso, el gobernador rechazó las críticas sobre la constitucionalidad de la reforma y apuntó contra sectores de la abogacía penal. Sostuvo que las objeciones provienen principalmente de “los defensores, los abogados penalistas” y les atribuyó intereses vinculados con la defensa de personas acusadas de delitos graves.
En ese marco, volvió a cuestionar lo que denominó “garantismo bobo”, una expresión que utilizó para criticar decisiones judiciales que, según su interpretación, limitaron las medidas de control dentro de las cárceles.
“Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, afirmó.
Como antecedente, recordó su etapa como ministro de Seguridad y las dificultades que, según relató, enfrentó al intentar restringir el ingreso de alimentos a los establecimientos penitenciarios, una medida que derivó en recursos de hábeas corpus.
Cárceles, fuerzas de seguridad y reforma judicial
Pullaro también defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, incluida una destinada a alojar detenidos de alto perfil. En ese sentido, recordó que antes de su llegada al Gobierno algunos presos podían impartir órde
