La quiebra de SanCor avanza hacia la liquidación de sus activos, mientras persisten los cuestionamientos de un sector de los acreedores sobre las decisiones que llevaron al desenlace de la histórica cooperativa láctea.
En diálogo con EME, el abogado Aldo Regali, representante de ex trabajadores, productores y proveedores, sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y advirtió que la mayoría de quienes reclaman deudas difícilmente recuperará el dinero.
SanCor fue declarada en quiebra el 22 de abril de 2026. Ocho días después, el 30 de abril, estaba prevista una asamblea para tratar la decisión adoptada por el Consejo de Administración. Ese encuentro se convirtió en uno de los principales puntos de controversia para los acreedores que cuestionaron el procedimiento.
Regali explicó que la discusión judicial tuvo uno de sus momentos más importantes cuando su equipo denunció al juez ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el expediente. Sin embargo, indicó que el planteo para promover su enjuiciamiento fue descartado y que, posteriormente, distintas cámaras resolvieron apelaciones a favor de la quiebra.
“Está planteado el camino directo a la quiebra. Esa es la situación actual”, resumió.
Una liquidación que dejaría a la mayoría sin cobrar
El abogado advirtió que la quiebra cambia radicalmente las posibilidades de recuperación para quienes tienen acreencias contra la empresa. Mientras que en un concurso preventivo se busca acordar una forma de pago, en la quiebra se liquidan los bienes y se distribuye lo obtenido entre los acreedores, de acuerdo con las prioridades legales.
En ese escenario, Regali consideró que los productores, proveedores y transportistas quedarían particularmente perjudicados.
“En la quiebra, obviamente, es otro mundo: los acreedores cobran un porcentaje muy pequeño y, en muchos casos, especialmente los productores, que son acreedores quirografarios, proveedores, transportistas, además cobran nada, cero peso”, afirmó.
Como parte del proceso, el juez optó por una licitación para la venta de los activos, con una base de 52 millones de dólares. Según las estimaciones mencionadas por el abogado, la deuda total de SanCor oscila entre los 160 y los 180 millones de dólares.
Regali sostuvo que el monto previsto para la venta sería insuficiente para cubrir el conjunto de las obligaciones. Según su análisis, lo recaudado alcanzaría para atender al Estado nacional y una parte de los créditos laborales, mientras que el resto de los acreedores quedaría sin cobrar.
“Directamente inviable”, respondió al evaluar las posibilidades de recuperación de las deudas en esas condiciones.
La asamblea, uno de los principales cuestionamientos
La validez de la asamblea que respaldó la decisión de avanzar con la quiebra fue, según Regali, una de las últimas estrategias judiciales de los acreedores que representa.
El abogado cuestionó que una cantidad reducida de asociados convalidara la decisión de una cooperativa que, en otros momentos de su historia, había llegado a reunir entre 4.000 y 5.000 integrantes.
“Una cooperativa que llegó a tener 4.000 o 5.000 asociados, y en este momento contaba con 300 asociados, ocho asociados convalidaron la quiebra”, señaló.
Regali explicó que ese planteo perdió impulso después de una serie de resoluciones judiciales adversas. Según indicó, los propios asociados que habían promovido la impugnación decidieron retirar la demanda ante el escenario que se había configurado.
También precisó que, cuando comenzó el concurso preventivo en febrero de 2025, se habían presentado entre 2.000 y 2.300 acreedores, aunque solo 1.600 lograron verificar sus créditos. De ese total, aseguró que su representación correspondía a 1.066 acreedores.
Para el abogado, ese volumen reflejaba el peso que tenía el sector que buscaba una salida diferente a la liquidación.
Una propuesta para recuperar la empresa
Regali aseguró que durante seis meses trabajaron en un proyecto de recuperación que contemplaba la creación de SanCor Sociedad Anónima, con participación de la cooperativa y la incorporación de inversores privados que tendrían el 51% de la nueva sociedad.
La propuesta, explicó, buscaba mantener la actividad y permitir que los acreedores recuperaran el total de sus créditos mediante un mecanismo de conversión de deuda en acciones, aunque con plazos de espera.
“Los acreedores cobraban el 100% de su acreencia porque se hacía un swap, un cambio de deuda por acciones. Iban a tener que esperar un poco, pero iban a cobrar el 100%”, sostuvo.
Según el abogado, la iniciativa contaba con el respaldo de productores, proveedores, ex trabajadores y alrededor de 3.500 representantes de distintos sectores institucionales, entre ellos cámaras empresariales, concejales, intendentes y presidentes comunales.
También señaló que participaban actores como la Bolsa de Comercio de Rosario y el Banco Provincia. Sin embargo, cuestionó que la propuesta no hubiera sido escuchada por el juez.
“Gente capaz de postergar su propia cobranza con tal de que la empresa se salve”, describió sobre quienes apoyaban el plan.
Las denuncias por presuntas irregularidades
El representante de los acreedores calificó el proceso como “totalmente negligente en materia de transparencia” y enumeró situaciones que, según afirmó, deberían ser esclarecidas.
Entre ellas mencionó operaciones vinculadas con el Banco de Brasil, fondos cuyo destino —según denunció— todavía no se conoce, toneladas de queso que no habrían sido localizadas y el incendio de instalaciones de la empresa. Se trata de cuestionamientos formulados por el abogado, cuyo alcance y responsabilidades deberán determinarse en las instancias correspondientes.
Regali sostuvo que esperaba que la Corte Suprema tomara intervención frente a esos planteos, pero afirmó que las resoluciones conocidas hasta el momento no respondieron a sus expectativas.
Al analizar las causas de la caída de SanCor, también apuntó a una acumulación de errores de conducción, decisiones empresariales y dificultades estructurales del modelo cooperativo para responder a un mercado que cambia con rapidez.
“No es un proceso que en un día SanCor cayó de una punta a la otra. Es una sumatoria de errores, no solo de la conducción, sino también de otros factores colaterales”, afirmó.
El impacto en los trabajadores y las economías del interior
Más allá del expediente judicial, Regali advirtió sobre las consecuencias que la quiebra tiene en las economías vinculadas con la actividad láctea.
“Para nosotros no es solamente un expediente. Hay que ponerlo bien claro: el impacto socioeconómico que tiene esto en las economías del interior de la provincia”, expresó, y estimó que las pérdidas superarían los 600 millones de dólares.
El abogado describió las dificultades que enfrentan los productores que no cobran por la leche entregada y deben seguir afrontando gastos de alimentación del ganado, créditos bancarios, impuestos y otros costos de sus establecimientos.
También alertó sobre la situación de ex trabajadores que quedaron fuera del mercado laboral y, en algunos casos, no cuentan con ingresos suficientes para sostenerse.
“He tenido en mi grupo intentos de suicidio de trabajadores, ex trabajadores que no están ni jubilados ni activos. Son gente de 50 años que le negociaron la renuncia y hoy no cobran prácticamente nada”, relató.
Para Regali, las consecuencias se extienden al comercio y a los pequeños proveedores de las localidades donde SanCor tenía una fuerte presencia. “¿Quién pierde con todo esto? Directamente pierde la gente de a pie”, planteó.
Un pedido de intervención a la Legislatura
Frente al avance de la quiebra, Regali anticipó presentaciones ante las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe para que los legisladores conozcan los planteos de los acreedores y evalúen posibles pronunciamientos.
El abogado consideró que el Estado debe prestar atención al impacto económico y social del caso y reclamó mayor transparencia en el proceso.
Mientras tanto, su pronóstico sobre el futuro de SanCor apunta a que alguna de las empresas interesadas en la licitación podría quedarse con las instalaciones y, especialmente, con la marca.
Para Regali, ese nombre constituye uno de los activos de mayor valor de la histórica cooperativa, por su trayectoria y reconocimiento en el mercado nacional e internacional.
El proceso judicial continúa, pero la preocupación de los acreedores se concentra en una cuestión central: si la liquidación avanza en las condiciones actuales, una parte importante de quienes sostuvieron la actividad de SanCor podría no recuperar el dinero que reclama.
