“La crisis es grave”, sintetizó Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario e integrante de la federación, y consideró “fundamental” que los propietarios de viviendas en alquiler respeten el decreto que congela el precio de los alquileres, fija topes a los intereses resarcitorios y suspende desalojos.
El relevamiento se realizó entre el lunes 6 y jueves 9 de abril y alcanzó a 8 mil personas en todo el país. La federación que nuclea a las entidades que defienden los derechos de los inquilinos puso en marcha este trabajo con la intención de determinar el impacto de la paralización de la economía en el pago de los alquileres de vivienda.
A nivel nacional, el 41,9 por ciento de los inquilinos aseguró que no pudo pagar este mes por la pérdida de sus fuentes laborales. El 58,4 por ciento de los consultados apuntó que percibe menos ingresos comparado con marzo y el 34,1 por ciento tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.
En la provincia de Santa Fe, donde se relevaron 1.023 casos, ese porcentaje fue mayor: el 43,5 por ciento contestó que no había podido afrontar el pago del mes de abril por la disminución de sus ingresos producto de empleos informales o en rubros afectados por el aislamiento.
Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario e integrante de la federación, además subrayó que ya iniciaron gestiones con legisladores provinciales de distintos partidos políticos “para reclamar una serie de medidas que tengan en cuenta la situación de los inquilinos. Por ejemplo, establecer controles y mecanismos de sanción a las inmobiliarias que no cumplen con el decreto nacional y extender la suspensión de los desalojos por dos años, porque sabemos que esta pandemia va a dejar consecuencias a nivel de las economías de las familias de trabajadores que tenemos que empezar a atender desde ahora”, sostuvo.
Otras dificultades
La encuesta no sólo contempla la posibilidad de pago de los alquileres. Además revela que el 43 por ciento de los inquilinos no recibió el número de CBU para transferir el importe del alquiler. La medida, obligatoria por decreto, tiene como objetivo evitar la circulación y la propagación del virus.
Canelli atribuyó esta irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos “en negro”. Es más, señaló que en algunos casos (el 7 por ciento de los encuestados) se requirió de un pago extra para dejar habilitada una cuenta bancaria.
“Es fundamental que, en estos tiempos, los inquilinos conozcan los derechos que los asisten. Que los propietarios no pueden aumentarles el alquiler, aunque esté contemplado en el contrato, y que los desalojos están suspendidos”, sostuvo y advirtió que “muchas veces las inmobiliarias o los propietarios desconocen estos límites”.
La Asociación de Inquilinos de Rosario es un grupo que tiene como objetivo defender y ampliar los derechos de los inquilinos. La entidad brinda información y asesoramiento a través de las redes sociales www.facebook.com/asociacioninquilinosros; twitter.com/asocinquiros e instagram.com/asocinquilinxsros.
