El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, que establece nuevas limitaciones al ejercicio del derecho a huelga en Argentina. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, amplía significativamente el listado de actividades consideradas “esenciales” y fija un piso obligatorio de funcionamiento del 50% al 75% durante cualquier medida de fuerza sindical.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a garantías de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto. En ese sentido, detalla que en los servicios esenciales no se podrá acordar una cobertura menor al 75% del funcionamiento normal, mientras que en los servicios de “importancia trascendental” no podrá bajarse del 50%.
El nuevo DNU redefine y amplía qué se considera esencial. A los tradicionales servicios sanitarios, hospitalarios, de energía, agua potable y control aéreo, se suman otros sectores estratégicos como la educación, el transporte, la producción y distribución de medicamentos, telecomunicaciones (incluido internet), el sistema portuario, servicios aduaneros y migratorios, e incluso actividades vinculadas al comercio exterior y la marina mercante.
La normativa forma parte de un paquete más amplio de medidas de desregulación, en línea con lo dispuesto por el Gobierno en el cuestionado DNU 70/2023 —actualmente declarado inconstitucional por la Justicia en dos instancias— y ha generado un inmediato rechazo en el arco sindical.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien expresó en sus redes sociales: “Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”.
El decreto lleva las firmas de los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).
Diversos sectores gremiales ya anticiparon que resistirán esta medida por considerarla una vulneración al derecho constitucional de huelga. Se prevé que la discusión continúe en los tribunales y en las calles.
