La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por amplia mayoría, un conjunto de iniciativas impulsadas por bloques opositores que buscan mejorar los ingresos de los jubilados y extender la moratoria previsional por dos años. Las medidas incluyen un aumento del 7,2% en los haberes, la suba del bono complementario de $70.000 a $110.000, y una serie de disposiciones de financiamiento para sostener el gasto.
El proyecto principal fue aprobado por 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones, estas últimas mayormente de legisladores de la UCR y el PRO. Acompañaron la medida bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, Producción y Trabajo, y representantes provinciales, además de algunos radicales y aliados disidentes del oficialismo.
En contraste, La Libertad Avanza, el PRO alineado con Patricia Bullrich, y sectores de la UCR conocidos como “la Liga del Interior” rechazaron el proyecto, al igual que espacios aliados del oficialismo como Somos Fueguinos y Creo.
La moratoria previsional fue la parte más debatida de la jornada, con una votación más ajustada: 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Su extensión por dos años permitirá a personas sin los aportes suficientes acceder a una jubilación. Fue apoyada por Unión por la Patria, la izquierda y algunos aliados provinciales, y rechazada por los bloques más cercanos al oficialismo.
Desde el Gobierno, ya se anticipó que el presidente Javier Milei vetará la ley en caso de que sea aprobada en el Senado. Argumentan que el conjunto de medidas genera un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI, y compromete el equilibrio fiscal que la actual administración considera clave.
El proyecto aprobado establece que el aumento del 7,2% se incorporará al haber mensual y se usará como base para futuras actualizaciones, las cuales seguirán el índice de inflación, según lo dispuesto en el decreto 274/2024. También eleva el bono a jubilados del haber mínimo y establece que se actualizará mensualmente por inflación.
Además, a propuesta del diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), se incorporaron fuentes de financiamiento para la medida: la eliminación de exenciones del IVA a directores de empresas, la revisión de beneficios impositivos a sociedades de garantía recíproca y la reasignación de partidas presupuestarias, incluyendo fondos actualmente destinados a la Agencia Federal de Inteligencia (SIDE). También se propuso aprovechar los recursos provenientes de registros del automotor y el ahorro por la baja en tasas del FMI.
Durante el debate, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) destacó que el aumento busca compensar la inflación de enero, y criticó el decreto del Gobierno que actualiza los haberes sin contemplar ese desfasaje. “Es una reparación frente al ajuste brutal de diciembre”, sostuvo.
Desde el oficialismo, el diputado Álvaro Martínez (LLA) calificó la iniciativa como una “estafa a los jubilados”, alegando que no se contempla de dónde saldrán los fondos. Propuso, en cambio, una reforma previsional integral.
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Por su parte, el radical Lisandro Nieri criticó la “discusión fragmentada del gasto” y propuso que el Poder Ejecutivo disponga de aumentos con recursos del superávit y una reestructuración del gasto tributario. “La jubilación no puede ser volátil. Hay que garantizar previsibilidad”, remarcó.
En una línea más conciliadora, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) defendió el aumento a los haberes, pero se opuso a la moratoria. “No queremos que la crueldad se apodere del programa económico. No se puede ajustar de cualquier manera”, afirmó.
Con la media sanción ya obtenida, ahora será el Senado quien deberá definir el futuro del proyecto, mientras crecen las especulaciones sobre un eventual veto presidencial que abriría un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
