La decisión del presidente Javier Milei de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a través de un decreto generó una durísima respuesta sindical. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, responsabilizó al mandatario y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por lo que calificó como el inicio de una “tragedia vial nacional”.
“El cierre de Vialidad es un paso hacia las rutas de la muerte. Se abandona el control y mantenimiento de más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales y se deja a 5.500 trabajadores en la calle”, denunció Aleñá, quien tildó la medida de “ideológica, malintencionada y armada para hacer negocios con lo público”.
El decreto presidencial transfiere las funciones del organismo —que históricamente se encargaba del diseño, construcción y mantenimiento de rutas— al Ministerio de Economía y a una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Según la dirigente gremial, el cierre de la DNV es una “decisión destructiva” que debilita la planificación federal y técnica de la obra pública. “No es una simple reorganización. Es un desmantelamiento del Estado que pone la infraestructura vial en manos de intereses privados o funcionarios sin anclaje territorial”, señaló.
Aleñá alertó además que la medida afectará la seguridad vial y la capacidad del Estado de auditar y certificar obras, además de abrir la puerta a la liquidación de bienes públicos. “Edificios, talleres y maquinaria valuados en cientos de millones pasarán al control de AABE para ser vendidos. Están haciendo caja con el patrimonio de todos”, afirmó.
También criticó los argumentos del Gobierno nacional, que justificó la decisión por una supuesta ineficiencia del organismo y una estructura sobredimensionada. “Mienten. Vialidad no solo desmaleza rutas: hace bacheos, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal y obras de emergencia. Y no lo dicen: desfinanciaron el presupuesto deliberadamente para justificar su cierre”, aseguró.
La sindicalista pidió la intervención de gobernadores y legisladores y advirtió que el decreto “impone una lógica de mercado, donde la obra pública se va a ejecutar solo donde sea rentable, no donde se la necesite”.
Finalmente, advirtió que el traspaso de funciones al Ministerio de Economía supone una pérdida de federalismo y transparencia. “Se consolida un modelo centralizado, fiscalista y sin control parlamentario. La DNV era garante de calidad, planificación y empleo técnico en todo el país. Su eliminación es un retroceso que puede costar vidas”, concluyó.
