La Convención Reformadora de Santa Fe dio este miércoles un paso clave en el proceso de reforma de la Carta Magna provincial. Los convencionales aprobaron un paquete de modificaciones que afectan al funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, aunque los cambios quedarán ratificados de manera definitiva una vez que se vote el texto completo de la nueva Constitución.
Uno de los puntos más relevantes es la habilitación para que el gobernador y el vicegobernador puedan ser reelectos por un período consecutivo, manteniendo un mandato de cuatro años. La cláusula transitoria incluida permitirá al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, volver a competir en 2027.
En lo que respecta a la Cámara de Diputados, se estableció que estará integrada por 50 miembros elegidos de manera directa bajo el sistema de representación proporcional, en un distrito único. Las listas deberán garantizar la paridad de género y contar con al menos un candidato de cada departamento. Los diputados tendrán un mandato de cuatro años, con posibilidad de una única reelección consecutiva.
En la Cámara de Senadores, se fijó que los legisladores deberán tener al menos 25 años y dos años de residencia en el departamento que representen. También cumplirán un mandato de cuatro años, con posibilidad de reelección por un solo período consecutivo.
Otro aspecto destacado de la reforma es la nueva organización del período legislativo: las sesiones ordinarias se desarrollarán entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre, mientras que el Poder Ejecutivo y las propias Cámaras podrán convocar sesiones extraordinarias.
Además, la Constitución reformada redefine los fueros parlamentarios: los legisladores mantendrán inmunidad por opiniones y votos en sus funciones, pero podrán ser arrestados si son sorprendidos en flagrante delito. Para otras acusaciones se requerirá autorización de la Cámara correspondiente.
Finalmente, se incorpora la figura de la iniciativa popular, que permitirá a los ciudadanos presentar proyectos de ley, con la excepción de aquellos que aborden reformas constitucionales, presupuesto o tratados internacionales. También se determinó que ningún proyecto rechazado podrá repetirse en el mismo período legislativo.
Con estas primeras definiciones, la provincia avanza hacia una nueva Constitución que busca aggiornar el funcionamiento de sus instituciones y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.
