Unión vive días de tensión fuera de la cancha. El club sufrió el embargo de sus cuentas bancarias por una demanda iniciada por Sergio Levinton, representante de Ignacio Malcorra, quien reclama el pago de 375.000 dólares correspondientes —según sostiene— a una copropiedad del pase del futbolista cuando fue transferido al Tijuana de México en 2016.
El reclamo, que Levinton asegura haber perseguido durante una década, derivó en un fallo judicial que ordenó congelar los fondos de la institución. La medida golpeó directamente la economía del club, que ahora enfrenta dificultades para cumplir con pagos inmediatos, como sueldos y gastos operativos.
Frente a la situación, el presidente Luis Spahn fue contundente. “Nos sorprendió el fallo y a raíz de eso vino el embargo. Estamos disconformes con esta decisión y confiamos en que la Cámara nos dará la razón”, declaró. Y remarcó con firmeza: “Los socios me eligieron para cuidar los intereses del club. En algo que no corresponde, jamás voy a ceder ni un centavo”.
Spahn explicó que, al momento de la venta de Malcorra, Unión sólo transfirió su parte del pase y no mantenía un contrato directo con Levinton. “Nosotros vendimos nuestro 50% y no teníamos que hacer ningún negocio con él”, aclaró, rechazando la validez del reclamo.
Mientras la dirigencia apeló el fallo, la institución trabaja contrarreloj para sostener el funcionamiento administrativo y deportivo.
