El empresario frutillero santafesino Franco Augusto Poccia, de 25 años, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por 45 días, en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación laboral en un campo de frutillas de Arroyo Leyes.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Rosario, tras hacer lugar a la impugnación presentada por su defensor, el abogado Claudio Torres del Sel, contra la resolución de primera instancia que había dictado la prisión preventiva en una unidad carcelaria.
La causa se inició el 17 de septiembre, luego de la denuncia de tres jóvenes chaqueños que aseguraron haber sido víctimas de explotación laboral y falta de pago durante la cosecha en un predio ubicado en el kilómetro 18 de la ruta provincial N.º 1.
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A comienzos de octubre, la Justicia Federal realizó un amplio operativo junto a la Policía de Investigaciones (PDI), UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional, en el que se rescataron más de 40 personas, entre ellas dos menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad.
Poccia fue imputado por trata de personas agravada por el abuso de situación de vulnerabilidad y la cantidad de víctimas, pero ahora cumplirá arresto domiciliario sin tobillera electrónica mientras continúan las pericias y declaraciones pendientes.
Según explicó Torres del Sel, “el fallo fue por mayoría, con un voto en disidencia. Los camaristas dejaron en claro que las pruebas de la fiscalía son escasas y no acreditan el hecho. Una vez concluidas las pericias telefónicas y las entrevistas por Cámara Gesell, se resolverá si la causa avanza o si corresponde un sobreseimiento”.
El abogado calificó el proceso judicial como “un absurdo absoluto” y negó que exista trata de personas: “No hay trata bajo ningún punto de vista. De las entrevistas realizadas a 25 trabajadores, todos manifestaron que estaban por propia voluntad, que cobraban un salario digno y que podían entrar y salir cuando querían”.
Consultado sobre las condiciones precarias en las que vivían los trabajadores, el defensor intentó justificar la situación con una frase que generó polémica:
“Las condiciones eran precarias, pero estamos viviendo en la Argentina. Los puedo llevar a villas donde la gente vive peor que en ese lugar”, sostuvo Torres del Sel.
Además, afirmó que “esas personas podrían alquilar otro lugar por su cuenta e irse a vivir mejor, pero eligen quedarse ahí porque realmente quieren estar”.
La causa continúa en investigación bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar si las condiciones laborales y habitacionales detectadas en el campo constituyen delitos de trata y explotación.
