Los docentes universitarios de todo el país inician este miércoles 12 de noviembre un paro nacional de 72 horas, en reclamo de una recomposición salarial, la reapertura de paritarias y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida, que se extenderá hasta el viernes 14, fue convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), con el respaldo de Conadu y la Federación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT). El paro afectará las actividades académicas y de investigación en las universidades nacionales.
El reclamo se centra en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y en la suspensión de la aplicación de la Ley 27.795, promulgada por el Gobierno de Javier Milei pero postergada hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. Esta decisión generó fuertes críticas del sector y derivó incluso en una presentación judicial de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionó la constitucionalidad del decreto presidencial.
“Defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad. Exigimos que se cumpla la ley y que se abran las paritarias ya”, expresaron desde Conadu Histórica en un comunicado.
La CTA Autónoma, que acompaña la medida, sostuvo que el reclamo no se limita al aspecto salarial, sino que incluye también la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de sumas adeudadas y un aumento del presupuesto universitario destinado a infraestructura.
En el caso de la UTN, la FAGDUT dispuso una modalidad particular: este miércoles habrá paro total, mientras que jueves y viernes se realizarán jornadas de visibilización con clases públicas, abrazos simbólicos y asambleas en las 30 facultades regionales y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.
“Seguimos insistiendo por salarios dignos e inversión universitaria. Cualquier país con mirada estratégica y de futuro debe invertir en sus universidades”, manifestó Ricardo Mozzi, secretario general de FAGDUT.
Los gremios advirtieron que, si no hay respuestas del Gobierno nacional, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.
