El Gobierno nacional avanzó con la desregulación del sector yerbatero mediante el Decreto 812, firmado por el presidente Javier Milei, que modifica las competencias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La norma establece que el organismo ya no podrá fijar precios ni intervenir en la oferta y la demanda, limitando su labor a tareas de control y calidad. La adecuación del reglamento interno del INYM deberá completarse en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia del decreto.
Hasta ahora, el INYM tenía la facultad de mantener el equilibrio del mercado mediante la fijación de precios, regulación de la producción y planificación estratégica del sector. Con la desregulación, los artículos que habilitaban esas funciones fueron eliminados, dejando al mercado la determinación de valores. Según el Ejecutivo, la medida se enmarca en una política de desregulación orientada a reducir la intervención estatal en sectores considerados competitivos.
Los productores yerbateros recibieron la medida con preocupación. Al respecto, Enrique Kuzko, de Oberá, Misiones, afirmó en EME que el Gobierno desconoce la realidad del sector, que genera empleo a miles de personas en Misiones y Corrientes. “En 2000 luchamos mucho para que se cree este instituto y tenga la potestad de fijar normas y precios según los costos de los productores. Hoy se pierde esa herramienta estratégica”, señaló.
Kuzko advirtió que la liberación de precios beneficia principalmente a las grandes empresas con capacidad económica para plantar y cosechar yerba, mientras que los pequeños productores quedan en desventaja. “La yerba no es un commodity como la soja o el maíz: para una primera cosecha hay que esperar seis años. Sin regulación, el productor chico no puede competir y el mercado se concentra en unos pocos jugadores”, explicó.
Con la eliminación de la posibilidad de limitar la producción ante excedentes, el sector teme que los precios se vuelvan más volátiles y que los costos de los pequeños productores no sean cubiertos, lo que también podría impactar en los consumidores.
El INYM deberá ahora redefinir su rol y adaptarse al nuevo marco legal, mientras los productores advierten sobre los riesgos que implica esta liberalización del mercado yerbatero.
