Luego de que la Cámara Penal confirmara en segunda instancia las condenas por fraudes vinculados a la reparación de patrulleros, la Justicia santafesina dispuso las medidas cautelares para los exjefes de la Policía provincial Omar Odriozola y Rafael Grau, que regirán hasta que los fallos queden firmes.
El tribunal integrado por los jueces Pablo Busaniche, Lisandro Aguirre y Susana Luna resolvió que Odriozola cumpla prisión domiciliaria, con control permanente mediante tobillera electrónica. En tanto, Grau continuará en libertad, aunque sujeto a severas restricciones y control judicial.
Durante la audiencia realizada en los tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe, el fiscal Ezequiel Hernández, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), solicitó la prisión preventiva para Odriozola y medidas alternativas a la prisión para Grau, al considerar que existían distintos niveles de riesgo procesal entre ambos casos.
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“Si bien habíamos pedido la prisión preventiva de cumplimiento ordinario para Odriozola, el tribunal optó por la modalidad domiciliaria. La decisión fue fundada y estamos conformes con que se haya dispuesto la privación de la libertad”, explicó el fiscal. Además, precisó que se aceptaron como fianza dos viviendas y una camioneta ofrecidas por el condenado.
Respecto de Grau, Hernández señaló que ya había estado detenido de manera cautelar antes del juicio, lo que fue considerado por el tribunal al momento de resolver su situación. En este marco, se le impuso la prohibición de salir del país y de ausentarse de la ciudad de Santa Fe por más de 15 días corridos. También deberá informar al MPA cualquier salida de la provincia y depositar una fianza de 125 millones de pesos, acreditada con la documentación de una vivienda.
Ambos exfuncionarios fueron condenados a seis años y medio de prisión, inhabilitados para ejercer cargos públicos por un plazo de 10 años y obligados al pago de una multa. Las penas fueron dictadas en un juicio oral y público realizado en junio de este año y confirmadas recientemente en segunda instancia. Las condenas se fundamentaron en su rol como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
