El presupuesto aprobado para las universidades argentinas en 2026 será el más bajo desde 2005 si no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario. Según lo informado por el Rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, el monto estimado representará apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI).
La Ley de Presupuesto para 2026, aprobada recientemente por el Congreso, incorporó el polémico artículo 30, que deroga el artículo 9 de la Ley 26.206, el cual establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional”. Este cambio ha generado preocupación por el impacto que podría tener sobre el sistema universitario.
Según Bartolacci, la combinación de esta situación con la pérdida de más del 30% del poder adquisitivo de los salarios universitarios, la histórica caída en la inversión en infraestructura y los recortes en becas estudiantiles configura un escenario crítico para la educación superior en el país.
El Rector destacó, sin embargo, algunas señales positivas: “Hemos tenido un fallo judicial del Juzgado N°11 de Capital Federal, frente a la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Es un fallo favorable que abre esperanzas para solucionar los problemas más urgentes del sistema universitario argentino”.
Asimismo, Bartolacci valoró que la Cámara de Diputados evitó la derogación completa de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque lamentó la decisión del Senado de eliminar dos leyes que establecían un piso de inversión para educación y ciencia.
“Estamos con buenas expectativas para 2026. Si bien el presupuesto aprobado no cubre todas las necesidades del sistema universitario, confiamos en que el fallo judicial y la aplicación de la Ley de Financiamiento puedan garantizar un piso mínimo que permita reparar áreas críticas y sostener la educación superior en el país”, concluyó.
El sector educativo mantiene la expectativa de que el Ejecutivo cumpla con la ley, considerada clave para asegurar la legitimidad y estabilidad del financiamiento universitario argentino.
