El Gobierno nacional formalizó este lunes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y dispuso el traspaso de todas sus atribuciones al Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones. La medida se concretó luego de una serie de irregularidades detectadas en el organismo y del escándalo generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el cierre del organismo y remarcó que la decisión no implicará recortes ni la eliminación de prestaciones para las personas con discapacidad. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó.
Según explicó el funcionario, la ANDIS fue creada en 2017 como un ente descentralizado con el objetivo de coordinar políticas públicas en materia de discapacidad. Sin embargo, con el paso de los años, la autonomía administrativa derivó en un crecimiento desmedido de la burocracia, falta de controles y prácticas incompatibles con una gestión transparente.
Entre las irregularidades detectadas se mencionaron pensiones que continuaban siendo cobradas pese al fallecimiento de los beneficiarios, otorgamientos sin documentación válida, certificaciones médicas sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no se prestaban. En ese marco, se detallaron inspecciones que revelaron condiciones edilicias inexistentes o inadecuadas para el desarrollo de actividades declaradas.
Adorni sostuvo que la incorporación de las políticas de discapacidad al Ministerio de Salud permitirá garantizar mayor trazabilidad administrativa, auditorías permanentes y criterios sanitarios en la toma de decisiones. Además, confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área.
Por último, el jefe de Gabinete fue enfático al despejar dudas: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones. No se elimina absolutamente ningún derecho. El objetivo es ordenar, controlar y transparentar el sistema”.
