Costa Rica celebra este domingo una jornada electoral clave que puede marcar un punto de inflexión en su historia reciente. Unos 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar y elegir a su próximo presidente en un escenario atravesado por el temor al crimen organizado y un debate profundo sobre los límites de la seguridad y las libertades democráticas.
La contienda tiene como principal protagonista a Laura Fernández, candidata oficialista de 39 años, politóloga de perfil conservador y heredera política del actual mandatario Rodrigo Chaves. Tras capitalizar el creciente malestar social por el avance del narcotráfico, Fernández llega a los comicios como la gran favorita y con un discurso de “mano dura” que promete transformar la política criminal del país. Su propuesta más emblemática es la construcción de una megaprisión inspirada en el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador, una iniciativa que genera tanto apoyo como rechazo.
En el cierre de su campaña, la exministra no dejó dudas sobre sus ambiciones: “¡Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados!”, afirmó ante sus seguidores, dejando en claro que busca no solo la presidencia sino también el control del Congreso para impulsar reformas profundas en la Constitución y en los poderes del Estado. Según un sondeo de la Universidad de Costa Rica, Fernández lidera con un 44% de intención de voto, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta si supera el umbral del 40%, aunque aún existe un 26% de electores indecisos.
Sin embargo, su avance despierta fuertes críticas desde la oposición. Álvaro Ramos, candidato del histórico Partido de Liberación Nacional y segundo en las encuestas, cuestionó abiertamente el enfoque punitivo del oficialismo. “No hay que encerrar a la gente por estar tatuados”, sostuvo, en alusión a los riesgos de medidas de excepción y políticas que podrían vulnerar derechos civiles. Para sus detractores, el plan de Fernández podría abrir la puerta a un giro autoritario en un país reconocido por su estabilidad institucional y su ausencia de fuerzas armadas.
En tercer lugar aparece Claudia Dobles, arquitecta, ex primera dama y referente de la centroizquierda, quien busca posicionarse como una alternativa equilibrada. Durante sus últimas actividades en San José, Dobles planteó la necesidad de un abordaje integral de la violencia que combine seguridad con políticas sociales, educación y prevención del reclutamiento de menores por parte de bandas narco.
La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana destacó además su encuentro con observadores internacionales y aseguró que fue “muy productivo”, ratificando su confianza en la transparencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Para Dobles, la clave está en evitar que los jóvenes sean captados por el crimen organizado mediante programas de inclusión y oportunidades.
Con las urnas abiertas y el país en vilo, Costa Rica enfrenta una decisión trascendental: optar por un modelo de seguridad más severo o preservar su tradición democrática con políticas de prevención y derechos humanos como eje central.
