Este miércoles concluyó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe la audiencia en la que se definieron las medidas a aplicar a los dos menores de 14 años implicados en el homicidio de Jeremías Monzón. Se trata de una instancia multipropósito, presidida por el juez Gustavo Urdiales, en la que se resolvió el marco de actuación para los adolescentes, quienes permanecen en libertad por ser inimputables según la legislación vigente.
El encuentro contó con la participación del fiscal del caso, Francisco Cecchini, junto a Luis Schiapa, responsable de la unidad de menores a nivel provincial, además de representantes de distintos organismos del Ejecutivo, las defensas y la querella, integrada por la familia de la víctima. Las resoluciones adoptadas quedaron firmes y comenzaron a aplicarse de manera inmediata.
Desde el Ministerio Público de la Acusación explicaron que las medidas surgen de un acuerdo general entre todas las partes y se encuadran dentro de las herramientas previstas en el Código Procesal Penal Juvenil. Por disposición del magistrado interviniente, el contenido específico de las medidas no puede ser divulgado, ya que rige una obligación de confidencialidad.
“Hubo un acuerdo general. Se resolvió la imposición de una serie de medidas previstas en el código procesal juvenil, tras un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo. Nos dejó conformes porque hubo acuerdo de todas las partes”, sostuvo el fiscal Francisco Cecchini tras la audiencia ante el móvil de EME. Además, remarcó que las disposiciones surgieron a partir de una propuesta consensuada y validada por las defensas y la querella.
En la misma línea, Luis Schiapa señaló que se trata de medidas pensadas especialmente para el resguardo de las víctimas. “Fue una audiencia satisfactoria, con un acuerdo generalizado entre las defensas y los querellantes. Son medidas efectivas, ya vigentes y bajo control del tribunal”, explicó.
Los funcionarios destacaron que el proceso permitió avanzar en respuestas institucionales sin vulnerar el principio de no punibilidad que rige para menores de 14 años. “Es una causa significativa. Pudimos demostrar que, trabajando de manera articulada entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, las defensas y la representación de las familias, se pueden tomar decisiones importantes resguardando los derechos de todos”, concluyó Schiapa.
