La Cámara de Diputados de la Nación convocará a una sesión especial el próximo jueves para debatir el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El acuerdo fue alcanzado tras una reunión encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, junto a los jefes de bloque del oficialismo y espacios aliados.
Como paso previo, este miércoles se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Presupuesto y Niñez, donde se buscará emitir dictamen y dejar el texto listo para su tratamiento en el recinto, en línea con los consensos construidos durante el año pasado.
Si bien la iniciativa original del Poder Ejecutivo planteaba fijar la edad en 13 años, las negociaciones con bloques como el PRO y la UCR derivaron en establecer el límite en 14. El proyecto también contempla un máximo de 15 años de prisión efectiva para delitos de extrema gravedad, como homicidios o abusos sexuales.
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Financiamiento y reclamos de las provincias
Uno de los puntos determinantes para destrabar el acuerdo fue la incorporación de un apartado presupuestario. Frente a los reclamos de los gobernadores por el impacto económico que tendría la implementación del nuevo sistema, la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios de financiamiento, mediante los cuales la Nación cubrirá los costos operativos adicionales que enfrenten las provincias.
Las claves del nuevo régimen
El proyecto establece que la privación de la libertad sea una medida excepcional, priorizando enfoques restaurativos y alternativas penales para los delitos que no impliquen violencia grave ni muerte. Entre los principales ejes se destacan:
- Penas alternativas: servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y restricciones de acercamiento a las víctimas.
- Centros especializados: alojamiento en institutos específicos para menores, con personal capacitado y sin contacto con detenidos adultos.
- Tratamiento integral: acceso garantizado a educación, atención médica y programas de abordaje de adicciones.
- Mediación penal: habilitada para infracciones leves, con consentimiento de la víctima y control judicial.
Con este esquema, el oficialismo busca avanzar en un sistema que combine responsabilidad penal, contención y reinserción, en un debate que promete fuerte impacto político y social.
