Durante la mañana de este jueves se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investiguen presuntos hechos irregulares vinculados a la ejecución de la obra pública denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas Zona Este de la ciudad de San Javier”, en el departamento San Javier, financiada por el Estado provincial.
La solicitud fue impulsada por el agente público Luis Gorosito y el diputado provincial Fabián Palo Oliver, quienes denunciaron la posible comercialización de materiales y servicios por parte del corralón de materiales de construcción cuyo titular sería el senador provincial por San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, a favor de la empresa Obring S.A., integrante de la UTE adjudicataria de la obra.
Según consta en el escrito presentado ante el MPA, acompañado por documentación respaldatoria, se trataría de operaciones comerciales realizadas entre el Corralón Dolzani y una empresa privada que ejecuta una obra pública en el mismo departamento que representa el legislador. En ese marco, los denunciantes solicitaron que se investigue si dicha conducta encuadra en figuras penales previstas en la legislación vigente.
El descargo del senador
Tras conocerse la denuncia, el senador Oscar Dolzani difundió un video en el que admitió la existencia de la operación comercial, aunque negó haber cometido alguna irregularidad.
“Es cierto que se le vendió a una empresa privada, como lo hacemos desde 2013”, expresó, y aclaró que durante su gestión como presidente comunal de Alejandra “sabía muy bien que no me podía autocomprar materiales, y jamás lo hice”.
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Dolzani sostuvo que, en este caso, la venta fue realizada a una empresa privada que ejecuta la obra de la costanera de San Javier y agregó que su corralón también proveyó materiales para otras obras, como el Parque Solar, durante 2024 y 2025. “Corralón Dolzani no le vende al Estado, le vende a empresas privadas”, remarcó.
La postura de los denunciantes
En diálogo con EME, el diputado Fabián Palo Oliver afirmó que la denuncia se sustenta en pruebas concretas. “Dentro de la presentación incorporamos el remito y la factura por casi 18 millones de pesos. Esa es la prueba central, junto con la inscripción en ARCA donde figura como titular el senador Dolzani”, señaló.
El legislador explicó que será el fiscal quien deba determinar si los hechos configuran un delito, pero aclaró que la denuncia hace referencia a figuras penales específicas.
“Mencionamos el artículo 265 del Código Penal, que refiere a negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y el artículo 256 bis sobre tráfico de influencias”, indicó.
Palo Oliver también cuestionó el descargo público del senador: “Más allá del tono, las descalificaciones y chicanas, el video terminó siendo una autoincriminación. Un senador no puede alegar ignorancia de la ley”, afirmó, y anticipó que el próximo lunes realizarán una ampliación de la denuncia incorporando ese material audiovisual.
“La empresa adjudicataria está financiada con fondos públicos. No se puede vender bienes ni servicios ni al Estado ni a empresas que ejecutan obras públicas financiadas por el Estado, y menos aún en el propio departamento que representa el senador”, sostuvo.
Detalles de la operación cuestionada
En la denuncia se adjuntan una factura y un remito que darían cuenta de la venta de materiales y servicios por un monto de $18.894.036,11, emitidos el 27 de enero de 2026, correspondientes a una compra realizada por Obring S.A. al Corralón Dolzani.
De confirmarse los hechos, los denunciantes sostienen que podrían entrar en conflicto con distintas normas, entre ellas el artículo 265 del Código Penal, el artículo 256 bis, los artículos 6 y 87 de la Constitución Provincial y la Ley Provincial de Ética Pública N° 13.230, que establecen incompatibilidades y prohíben conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública.
Medidas solicitadas al MPA
Finalmente, Gorosito y Palo Oliver solicitaron al Ministerio Público de la Acusación la realización de diversas medidas probatorias, entre ellas pedidos de informes a ARCA, al Ministerio de Obras Públicas, pericias contables y técnicas, informes bancarios y requerimientos a las empresas integrantes de la UTE adjudicataria, con el objetivo de esclarecer la operatoria denunciada.
La causa quedó ahora en manos del MPA, que deberá evaluar la documentación aportada y definir los pasos a seguir en la investigación.
