El Gobierno nacional puso en marcha una semana legislativa de alta intensidad con el objetivo de avanzar a ritmo acelerado en un paquete de proyectos estratégicos que considera centrales para su gestión. La apuesta es concentrar definiciones políticas de peso en pocos días y consolidar febrero como un mes de reformas estructurales.
El eje de la estrategia oficial estará en la Cámara de Diputados, donde el próximo jueves 12 de febrero se intentará tratar en una misma sesión dos iniciativas de fuerte impacto: la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
El Poder Ejecutivo ya remitió el texto definitivo del entendimiento con la UE y busca que Argentina sea el primer país del bloque regional en aprobarlo. Con ello, pretende habilitar la aplicación provisional del acuerdo y anticipar sus beneficios económicos, aun cuando el Parlamento Europeo continúa debatiendo aspectos regulatorios del tratado.
Para allanar el camino en Diputados, el oficialismo activó una ingeniería parlamentaria que comenzará formalmente el martes 10 de febrero con la constitución de cuatro comisiones clave: Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Relaciones Exteriores y Culto; y Mercosur. La idea es que estos cuerpos queden operativos de inmediato y emitan dictamen el miércoles 11, evitando dilaciones que en el pasado estuvieron ligadas a cuestiones técnicas y administrativas.
En paralelo, la mesa política del oficialismo se reunirá nuevamente esta semana para afinar la negociación con los bloques dialoguistas y asegurar los apoyos necesarios. Ese mismo espacio también monitorea el avance de la Reforma Laboral en el Senado, cuyo tratamiento y votación están previstos para el miércoles 11 de febrero. En el Ejecutivo reina un optimismo moderado: consideran que los plazos son ajustados, pero confían en contar con los votos.
Ante la cercanía de los feriados de Carnaval y la complejidad del tránsito de los proyectos entre ambas cámaras, el Gobierno analiza firmar un decreto para extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Esa prórroga permitiría resolver sin sobresaltos eventuales cambios que el Senado introduzca tanto en la reforma laboral como en el régimen penal juvenil.
Con esta hoja de ruta, la Casa Rosada busca transmitir una señal de gobernabilidad y previsibilidad, tanto hacia los mercados internacionales pendientes del acuerdo con la UE como hacia un electorado que reclama definiciones en materia económica y de seguridad.
