Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno de Santa Fe, se refirió a la problemática de los cuidacoches y trapitos en la ciudad de Santa Fe y subrayó la necesidad de avanzar en una ley provincial que brinde mayores herramientas para abordar la situación. En ese sentido, valoró el rol de la legisladora Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad, a quien definió como una pieza clave para llevar la voz de la ciudad al ámbito legislativo provincial.
Mastropaolo remarcó que el Municipio ya viene trabajando desde hace tiempo sobre el tema, con una ordenanza vigente y una aplicación que lleva más de un año y medio. Además, señaló que se realizan operativos especiales en conjunto con la policía y la Guardia de Control Institucional (GCI), aunque reconoció que el marco legal actual resulta insuficiente para desalentar estas prácticas.
“El recurso legislativo hoy es muy escaso. Contamos solamente con una contravención y sanciones económicas que no alcanzan para inhibir realmente la figura de los cuidacoches y trapitos”, explicó. En ese marco, sostuvo que una ley provincial permitiría que la policía pueda intervenir con mayor respaldo normativo y que los fiscales cuenten con herramientas legales concretas para actuar.
El funcionario advirtió sobre los riesgos de no avanzar en este sentido y mencionó situaciones de violencia potencial que se buscan evitar. “No queremos llegar a que un cuidacoche apuñale a un vecino ni seguir tolerando la coacción en la ciudad”, afirmó.
Mastropaolo destacó la existencia de un programa social que ya permitió incorporar a más de 104 cuidacoches al trabajo formal, con el objetivo de abordar el problema desde una perspectiva integral. “Buscamos que el vecino pueda disfrutar de la ciudad sin sentirse coaccionado cuando sale a un bar o a un restaurante”, señaló.
En relación con los proyectos legislativos en debate, explicó que existen dos iniciativas: una del diputado Walter Guione, orientada principalmente a eventos públicos y espectáculos deportivos, y otra del senador Sáenz, de carácter más integral y adaptable a la realidad de Santa Fe.
Finalmente, Mastropaolo remarcó que una ley marco provincial permitiría que cada municipio decida cómo abordar la actividad —prohibirla, restringirla o regularla— en función de su autonomía. En el caso de la ciudad de Santa Fe, sostuvo que la decisión política es clara: prohibir la actividad.
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