El Gobierno de Santa Fe puso fin a la crisis policial más grave de los últimos años con un incremento salarial generalizado para las fuerzas de seguridad, formalizado mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La decisión llegó luego de una intensa protesta que mantuvo en vilo a Rosario y que incluyó quema de neumáticos, sirenazos y un fuerte malestar interno dentro de la fuerza.
En conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, Pullaro calificó el reclamo como “justo y genuino” y sostuvo que “merecía ser escuchado”. Acto seguido, anunció que ningún integrante de la Policía provincial percibirá menos de 1.350.000 pesos mensuales, incluyendo personal administrativo y operadores del 911. Además, estableció que los efectivos en funciones operativas tendrán un piso mínimo de 1.438.835 pesos.
El mandatario explicó que el aumento se logró mediante la incorporación al salario de la garantía de la canasta básica y un refuerzo en la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP). También aclaró que, pese al contexto económico adverso, el Ejecutivo hizo “los esfuerzos necesarios para estar por encima de la inflación”.
La protesta se desató tras el suicidio del suboficial Oscar “Chimi” Valdez, ocurrido dentro de la Jefatura Regional II de Rosario. Ese hecho se sumó a otros dos casos similares registrados en el último mes y medio, profundizando la preocupación y el malestar entre los efectivos. Desde el lunes por la noche, agentes y familiares se concentraron frente al edificio policial sobre avenida Ovidio Lagos, donde hubo cortes, quema de neumáticos y reclamos cada vez más duros ante la falta de respuestas formales.
Si bien en la madrugada del miércoles el Gobierno reconoció la legitimidad del reclamo y anticipó que llevaría el salario mínimo al nivel de la canasta básica, los manifestantes exigieron que el compromiso quedara plasmado por escrito. La tensión recién comenzó a ceder pasadas las 17, con la firma del decreto.
En paralelo, el conflicto tuvo otro capítulo cuando el Ejecutivo decidió pasar a disponibilidad a 20 policías que participaban de la protesta. La medida generó mayor malestar y no logró desactivar la movilización. Horas más tarde, el jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, anunció la reincorporación de esos agentes, aunque fue recibido con insultos y debió retirarse del lugar.
El decreto final no solo fijó el nuevo piso salarial, sino que también formalizó la reincorporación de los efectivos sancionados, buscando cerrar definitivamente el episodio.
La crisis policial se dio en medio del inicio de las paritarias estatales y no pasó desapercibida: trabajadores de Salud y Educación se acercaron a la protesta con carteles en apoyo a los reclamos salariales. Con la medida oficializada al caer la tarde, el Gobierno provincial intentó dar por concluido un conflicto que marcó uno de los momentos más delicados en materia de seguridad de los últimos años en Santa Fe.
