Un nuevo foco de controversia sacude a la Ministerio de Relaciones Exteriores tras la adjudicación directa de un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
El acuerdo contempla la capacitación en idioma inglés de 132 agentes —entre personal regular y diplomáticos del ISEN— entre marzo y noviembre de 2026. Según el pliego oficial, el servicio incluye clases presenciales en la sede de Retiro, plataformas virtuales, exámenes de nivelación, certificaciones, seguimiento de asistencia y la provisión de libros originales de editoriales internacionales, según indica el informe de Noticias Argentinas.
De acuerdo al desglose del contrato, se prevé un total de 594 horas netas de cursada: 450 horas correspondientes a cursos regulares (cinco niveles) y 144 horas en talleres específicos para diplomáticos. Al dividir el monto total por esa carga horaria, el resultado arroja que el Estado pagará $191.993 por cada hora de clase presencial.
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La cifra generó fuertes críticas al compararse con la escala salarial docente vigente. Mientras una hora cátedra sin antigüedad ronda los $43.800 y una con máxima antigüedad asciende a poco más de $64.000, el valor que abonará Cancillería representa entre un 198% y un 338% más, según el escalafón tomado como referencia.
Desde el Gobierno justificaron el monto al sostener que no se trata solo del pago a docentes, sino de un “servicio integral”, y argumentaron que la AACI fue considerada el “único prestador” capaz de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. Por ese motivo, se avanzó con una adjudicación simple por especialidad, respaldada además por la firma de un Pacto de Integridad avalado por la Oficina Anticorrupción.
Pese a esas explicaciones, el elevado costo por hora y el vínculo familiar entre la conducción de la entidad contratada y un ministro del Gabinete nacional volvieron a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación del Estado y alimentaron el debate sobre transparencia y conflicto de intereses en la administración pública.
Fuente: NA
