En el marco del debate por la reforma laboral, el abogado especialista en derecho y relaciones laborales Juan Andrés Pisarello cuestionó con dureza los fundamentos del oficialismo y aseguró que “es mentira que Argentina tenga alta litigiosidad laboral”. Según explicó, varias de las herramientas que impulsa el Gobierno, lejos de reducir conflictos, “en el derecho comparado son las que más juicios generan”.
Pisarello también se refirió en EME a las restricciones a las asambleas en los lugares de trabajo y consideró que “es autoritario ir contra la posibilidad de una asamblea porque se ataca el derecho de reunión”. En esa línea, advirtió que se están estigmatizando a trabajadores y a los abogados que los defienden, mientras se introducen cambios procesales y topes de honorarios que afectan el acceso a la Justicia.
El Gobierno, por su parte, aceptaría las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto este jueves 19 de febrero y devolverlo al Senado al día siguiente, con la intención de convertirlo en ley el viernes 27. Desde la mesa política oficialista prevén que, tras la sesión, el texto sea remitido rápidamente a la Cámara alta para que la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo en comisión el viernes 20.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 44, referido al régimen de licencias. Aunque se barajó la posibilidad de corregirlo mediante una reglamentación o una ley complementaria, esa alternativa no cuenta con el aval de sectores dialoguistas. “Hay una falta de apego a la verdad cuando se dice que luego se va a cambiar por reglamentación. Las normas de fondo deben salir del Congreso con efectos jurídicos claros; no se pueden corregir después por decreto”, sostuvo Pisarello, quien calificó esa práctica como una “precarización del trabajo legislativo”.
El artículo 44 establece que, ante una enfermedad o accidente ajeno al trabajo que impida prestar tareas, el trabajador percibirá el 50% de su salario. Ese porcentaje sube al 75% si se trata de un imprevisto —como un accidente doméstico o una neumonía— y se paga por seis meses. En caso de actividades voluntarias y conscientes que impliquen riesgo para la salud, el 50% se abonará por tres meses, o por seis si el trabajador tiene familiares a cargo. Además, la reaparición de enfermedades crónicas no se considerará una nueva patología salvo que se manifieste luego de dos años.
El abogado advirtió que el esquema es regresivo y que omite situaciones de enfermedades graves, como el cáncer, cuyos tratamientos demandan licencias más extensas. Si bien el oficialismo anticipó que buscará mantener la licencia con goce de sueldo en esos casos mediante una “corroboración concreta y fehaciente”, Pisarello remarcó que “eso no es un método constitucional”.
Finalmente, recordó que en Argentina rige un sistema de control de constitucionalidad difuso, por el cual cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. “Serán los jueces laborales quienes deban asumir ese filtro. El problema es que, mientras tanto, se genera incertidumbre y se debilita el funcionamiento democrático”, concluyó.
