En medio del debate legislativo por la reforma del régimen penal juvenil, las defensorías provinciales de niñez hicieron público un posicionamiento conjunto en rechazo a la baja de la edad de imputabilidad.
Amelia López, titular del organismo en Córdoba, explicó que el debate “no es nuevo” y que desde hace al menos una década se discute la necesidad de modificar la actual ley. Sin embargo, advirtió que no debe legislarse a partir de casos conmocionantes, como el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.
Datos y estadísticas
Según señaló, menos del 1% de los delitos registrados en estadísticas de seguridad son cometidos por adolescentes. “Se coloca el peso de la seguridad ciudadana sobre sus espaldas, con una mirada claramente criminalizante”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la mayoría de los jóvenes que llegan a cometer delitos atraviesan previamente situaciones de extrema vulnerabilidad: pobreza, deserción escolar, mala alimentación, familias disgregadas y problemáticas vinculadas al narcotráfico.
Unidad de las defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
López subrayó que las defensorías son organismos de garantía de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado con jerarquía constitucional en la Argentina, y que cualquier reforma debe respetar el principio de especialidad y progresividad en materia de justicia juvenil. “No decimos que no haya responsabilización. Decimos que debe haber procesos adecuados, con medidas no privativas de la libertad y con justicia restaurativa”, sostuvo.
La defensora consideró que reducir la edad de imputabilidad —actualmente en discusión para fijarla en 14 años— no mejorará los índices de seguridad. “El encierro no resuelve el problema. En el sistema de adultos, el 98% sale peor de lo que entra. Con adolescentes, el efecto puede ser aún más grave”, advirtió.
El documento firmado por las defensorías fue remitido a legisladores nacionales y se suma a otras presentaciones técnicas realizadas en años anteriores. “Los derechos humanos no pueden ser regresivos. Son acuerdos internacionales que garantizan convivencia y dignidad”, concluyó López, al reafirmar la postura común de los organismos provinciales frente al debate que atraviesa el Congreso.
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