Ya en primera instancia, en diciembre de 2024, un hombre y una mujer que trabajaban en el nosocomio habían sido condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional y se les ordenó la devolución de 41 millones de pesos al hombre y 1,2 millones a la mujer.
El Camarista Fabio Mudry confirmó la sentencia, revocó un fallo previo de segunda instancia y ratificó lo resuelto en el procedimiento abreviado. En las audiencias ante la Cámara intervino el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Arietti.
La estafa en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, vinculada al manejo del fondo de recupero de obras sociales, fue descubierta y denunciada por el propio Consejo de Administración del nosocomio tras detectarse irregularidades ocurridas principalmente entre enero de 2020 y octubre de 2023.
El mecanismo involucraba el desvío del 30% de la facturación a obras sociales destinado a los trabajadores, evidenciándose la disparidad durante la pandemia de COVID-19.
En marzo de 2024, sentenciaron a 10 personas por fraude a la administración pública. Se les endilgó haber recibido montos dinerarios superiores a los que les correspondían por la distribución del comúnmente denominado “Fondo del 30%”.
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Federico Grimberg en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1. Además hay otras cuatro personas identificadas, una de las cuáles es investigada por la autoría de las defraudaciones. Las maniobras fraudulentas fueron por un total de 38.337.865 de pesos, monto que al ser actualizado por inflación asciende a 100 millones de pesos.
Durante el proceso de revisión de la pena, cinco empleados del hospital Iturraspe se constituyeron como querellantes y apelaron la sentencia del juicio abreviado al considerar que los hechos debían encuadrarse como asociación ilícita.
En noviembre de 2025, el camarista Jorge Andrés rechazó ese planteo, aunque declaró la invalidez de la sentencia original por entender que la calificación de estafa no era correcta y que los hechos debían encuadrarse en el delito de peculado, al considerar que los fondos involucrados eran públicos.
Tras una apelación horizontal presentada por la defensa, el camarista Mudry revisó el caso y concluyó que los fondos del “Fondo del 30%” tienen carácter privado, aunque sean liquidados por empleados públicos. Esto se debe a que el dinero proviene del recupero de prestaciones médicas a pacientes con obra social o medicina prepaga, y forma parte del salario de los trabajadores del hospital.
El magistrado confirmó la interpretación jurídica del MPA, la querella del Estado provincial y la defensa, ratificando la responsabilidad penal de Carnaghi como autor y Milessi como partícipe necesaria del delito de estafas.
El fiscal también recordó que, al momento de celebrarse el juicio abreviado, ambos acusados reconocieron expresamente su responsabilidad penal por los hechos investigados, condición necesaria para acceder a esa modalidad judicial de la que dispone la provincia de Santa Fe.
No sólo reconocieron los hechos y aceptaron su culpabilidad, sino que además aceptaron las calificaciones legales, las penas impuestas y los montos de reparación económica, para resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado.
Es importante destacar que de los casi 1.300 empleados del hospital Iturraspe, sólo cinco se presentaron como querellantes y manifestaron su desacuerdo con ese acuerdo judicial.
Por su parte, la Fiscalía de Estado de la provincia, que también participó como querellante, prestó su conformidad con el juicio abreviado.
La condena penal no agota las vías de reclamo para los trabajadores que se consideren perjudicados. Los empleados damnificados cuentan ahora con un respaldo jurídico para iniciar acciones en la vía civil o administrativa contra los responsables por los perjuicios ocasionados.
En la sentencia confirmada, Carnaghi fue condenado además como coautor del delito de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro.
