La audiencia judicial por el caso ocurrido en San Cristóbal se llevó adelante en las últimas horas con normalidad, aunque bajo un fuerte clima de conmoción por la gravedad del hecho. Tras la instancia, el Ministerio Público de la Acusación informó que el juez resolvió medidas que quedaron amparadas por un principio de reserva absoluta, por lo que no podrán difundirse detalles sobre su contenido ni su alcance.
Desde la Fiscalía señalaron que se trata de un episodio “extremadamente grave”, con menores de edad involucrados, y remarcaron el impacto emocional que atraviesa a las familias. En ese marco, indicaron que los padres de la víctima fatal no participaron de la audiencia, mientras que sí estuvieron presentes familiares de los otros dos adolescentes heridos.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos por parte de los fiscales fue la ausencia física en la sala del menor de 15 años señalado como autor del hecho. Según explicaron, habían solicitado que estuviera presente de manera presencial, al considerar que ese contacto directo es importante para avanzar en un proceso de responsabilización y toma de conciencia. Sin embargo, su participación se dio de forma virtual.
Pese a esa objeción, desde el MPA manifestaron conformidad con la resolución adoptada por el juez. Explicaron que se dispusieron medidas de protección elaboradas junto a organismos del Poder Ejecutivo, en el marco de lo previsto por la normativa vigente para menores no punibles.
En paralelo, la investigación continúa y, según detallaron, en pocos días ya se logró reconstruir parte de lo ocurrido antes y después del ataque. Los fiscales advirtieron que existen indicios de una posible planificación previa y que una de las líneas más importantes se centra en el análisis de vínculos y movimientos del menor en redes sociales y entornos digitales de acceso complejo.
Respecto al establecimiento educativo donde ocurrió el hecho, confirmaron que seguirá preservado como escena del crimen, por lo que no se retomarán las actividades hasta que finalicen las pericias. Mientras tanto, será el Ministerio de Educación el que deberá definir cómo garantizar la continuidad escolar de los estudiantes.
Finalmente, desde la Fiscalía pidieron cautela y tiempo para avanzar con la investigación. Sostuvieron que aún quedan numerosos aspectos por esclarecer, entre ellos una eventual participación de terceros, y remarcaron que la prioridad es actuar con rigurosidad y acompañar a las familias en medio de una situación profundamente dolorosa.
