La situación de las pequeñas y medianas empresas volvió a encender señales de alarma. La entidad Industriales PyMEs Argentinos (IPA) difundió un informe en el que asegura que desde diciembre de 2023 cerraron cerca de 25.000 empresas en el país y se perdieron más de 364.000 puestos de trabajo registrados, en un contexto que calificó como crítico para la producción y el mercado interno.
Desde la organización sostienen que los indicadores macroeconómicos destacados por el Gobierno nacional no reflejan la realidad que atraviesan miles de industrias y comercios, que continúan enfrentando dificultades para sostener la actividad y el empleo.
Un diagnóstico preocupante para el sector productivo
El presidente de IPA, Daniel Rosato, fue contundente al analizar el escenario actual. Según expresó, el modelo económico vigente prioriza la estabilidad financiera y cambiaria, pero genera fuertes consecuencias sobre la economía real.
La entidad señaló que el mercado laboral acumula 26 meses consecutivos de retroceso y que, en ese período, desaparecieron 24.978 empresas aportantes, mientras que la destrucción de empleo asalariado alcanzó los 364.554 puestos.
Los datos surgen del Informe de Coyuntura Económica elaborado por el Observatorio IPA, dirigido por el economista Federico Vaccarezza.
La industria manufacturera, entre las más afectadas
De acuerdo con el relevamiento, la industria manufacturera aparece como uno de los sectores más golpeados por la actual coyuntura económica.
El informe indica que la actividad perdió 48.950 empleos formales en términos interanuales, consolidando una tendencia que preocupa especialmente por su impacto en la generación de trabajo y valor agregado.
Desde IPA sostienen que la combinación entre una inflación que continúa presionando sobre los costos y un tipo de cambio prácticamente estable provoca una pérdida de competitividad para las empresas nacionales.
La entidad definió esta situación como un «efecto pinza», donde los costos en pesos aumentan mientras el dólar oficial permanece sin grandes variaciones, encareciendo la producción local frente a los mercados internacionales.
Consumo debilitado y ventas en caída
Otro de los puntos que genera preocupación es la evolución del consumo interno.
Según el informe, las ventas en supermercados registraron una caída del 3,1% durante el primer trimestre del año, reflejando las dificultades que enfrentan los hogares para sostener su poder de compra.
Además, el Observatorio IPA destacó que cerca del 60% de las compras realizadas en supermercados fueron abonadas mediante tarjetas de crédito u otros mecanismos de financiamiento, un dato que, según la entidad, evidencia la pérdida de capacidad de compra de las familias.
Cuestionamientos al modelo económico
Rosato insistió en que la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero remarcó que no puede ser el único objetivo de la política económica.
«De nada sirve tener estabilidad financiera si las PyMEs quiebran», planteó el dirigente empresarial, al reclamar medidas que impulsen la producción, la inversión y el empleo.
En ese sentido, IPA también cuestionó la composición del superávit comercial alcanzado por el país. Según la entidad, el saldo positivo de la balanza comercial responde principalmente al desempeño de sectores primarios y extractivos, mientras que las importaciones vinculadas a la actividad productiva mostraron fuertes caídas.
Entre los datos señalados, se destaca una reducción del 7,1% en la importación de bienes de capital y una baja del 23,1% en piezas y componentes para la industria.
Advertencia sobre el futuro
El informe concluye con una advertencia respecto de la sostenibilidad del actual esquema económico.
Desde IPA sostienen que la falta de motores claros para reactivar el mercado interno podría profundizar las dificultades del sector productivo en los próximos meses. Además, advierten que una eventual interrupción en el ingreso de divisas podría generar mayores restricciones cambiarias, afectando aún más la actividad industrial y el entramado PyME argentino.
Para la entidad, el desafío pasa por construir un equilibrio entre estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo, evitando que el costo del ajuste recaiga sobre las empresas que generan empleo y sostienen gran parte de la actividad económica del país.
