Tras meses de conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, el Gobierno nacional presentó una propuesta de recomposición salarial y refuerzo presupuestario que fue valorada por las autoridades universitarias como un avance importante, aunque insuficiente para resolver la crisis que atraviesa el sector.
El acuerdo contempla una actualización salarial del 24,33% para docentes y no docentes, distribuida en dos tramos: un incremento del 21,33% sobre los salarios de mayo, que impactará en junio, y otro 3% acumulativo que se aplicará en octubre sobre los haberes de septiembre. Además, incluye una reapertura de las negociaciones paritarias en un plazo máximo de tres meses.
La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, destacó que la reapertura de las paritarias constituye uno de los principales logros de la negociación.
“Habíamos reclamado fuertemente que se abrieran los canales de diálogo y conversación. La apertura de las paritarias no es un dato menor porque era una demanda permanente de los gremios docentes y no docentes”, sostuvo en el móvil de EME.
Recomposición salarial y más recursos
Además de la actualización salarial, el acuerdo prevé un incremento del 20% en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales, una partida extraordinaria para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Tarabella señaló que los recursos adicionales para hospitales universitarios representan una medida relevante para las instituciones que cuentan con esos servicios, mientras que la mejora en las becas constituye un respaldo importante para los estudiantes.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, consideró que la propuesta permite aliviar parcialmente la situación de los trabajadores universitarios.
“Es un paso importante, pero en ningún caso definitorio ni suficiente. No es lo mismo para mucha gente que la está pasando muy mal tener un 25% más de salario que no tenerlo”, afirmó en EME.
La Ley de Financiamiento sigue en el centro del reclamo
Tanto Tarabella como Bartolacci coincidieron en que el acuerdo alcanzado no modifica la postura de las universidades respecto de la Ley de Financiamiento Universitario.
La rectora de la UNL remarcó que las casas de estudio mantendrán firme el reclamo judicial para exigir el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso Nacional.
“No retiramos para nada la demanda. Todo lo contrario: seguimos exigiendo con mucha fuerza la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, aseguró.
En la misma línea, Bartolacci afirmó que la respuesta estructural a la crisis del sistema universitario sigue estando en la aplicación plena de esa ley.
“La propuesta es importante porque reconoce la legitimidad del reclamo universitario, pero la solución de fondo sigue siendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.
Además, recordó que las universidades rechazaron la posibilidad de desistir de las acciones judiciales iniciadas para reclamar la vigencia de la norma.
La definición queda en manos de los gremios
Mientras las autoridades universitarias valoraron la reapertura del diálogo con el Gobierno, la decisión sobre la aceptación de la propuesta salarial y la continuidad de las medidas de fuerza quedará en manos de los sindicatos docentes y no docentes.
Tarabella explicó que serán las organizaciones gremiales las que resolverán en sus respectivos congresos y asambleas si consideran suficiente la oferta presentada.
En tanto, Bartolacci advirtió que los problemas presupuestarios y salariales de las universidades aún están lejos de resolverse por completo.
“Lo que sucedió ahora no es un punto de llegada ni la solución al problema en su conjunto. Es un paso importante, pero hay que seguir trabajando para conseguir respuestas más estructurales”, concluyó.
