La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025.
Con la resolución del máximo tribunal, se mantiene vigente la obligación de actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, convocar a paritarias y reforzar las partidas destinadas a becas estudiantiles, dos de los puntos considerados prioritarios por la Justicia.
«La Corte actuó como debía actuar»
En diálogo con EME, la rectora de la Universidad Nacional de las Artes e integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Sandra Torlucci, valoró la resolución del máximo tribunal y afirmó que «es un reconocimiento muy justo que hace la Corte».
Además, consideró que el fallo fortalece la institucionalidad al señalar que «las instituciones tienen límites y funcionan esos límites», lo que, según expresó, le devuelve esperanza en el respeto por las normas democráticas. En ese sentido, sostuvo que «la Corte actuó como debía actuar».
Torlucci remarcó que el Poder Ejecutivo no tiene margen para seguir demorando la aplicación de la ley y fue categórica al afirmar: «Ahora ya no hay nada más que hacer, tiene que cumplir la ley».
También cuestionó la estrategia judicial adoptada por el Gobierno durante el proceso y aseguró que se presentaron distintos recursos que solo buscaron retrasar la resolución definitiva. A su entender, esas maniobras dilatorias ya quedaron agotadas con la decisión de la Corte Suprema.
Respecto de la actualización salarial, indicó que el cumplimiento debería ser retroactivo y señaló que «entiendo que tiene que ser retroactivo al año pasado», aunque aclaró que la determinación precisa del período dependerá de una interpretación técnica sobre la sanción y promulgación de la norma.
Salarios, becas y negociación
La integrante del CIN explicó que el debate ya no pasa por definir si el Estado debe pagar, sino por establecer cómo lo hará. En ese sentido, afirmó que «el Gobierno podría acordar con los sindicatos la forma de pago, pero lo tiene que pagar».
Asimismo, aclaró que la negociación deberá desarrollarse en el ámbito paritario y no entre los rectores y el Ejecutivo. «Los que tienen que sentarse son los sindicatos en paritarias. No somos los rectores los que ahora nos tenemos que sentar a negociar», expresó.
Torlucci también puso el foco en la situación de las becas estudiantiles, incluidas dentro de la cautelar judicial. Recordó que actualmente «una beca Progresar está en 30 mil pesos» y advirtió que «ningún estudiante paga ni los viáticos para ir a estudiar una semana con 30 mil pesos», por lo que consideró imprescindible actualizar esos montos.
Finalmente, sostuvo que el incumplimiento de una medida cautelar por parte del Poder Ejecutivo constituye una situación excepcional y concluyó que el mensaje del máximo tribunal es inequívoco: «Hay que cumplir la cautelar», lo que implica respetar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.
