La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) expresó su preocupación por el crecimiento de la inseguridad en el sector agropecuario y aseguró que el 70% de los productores que participaron de una encuesta afirmó haber sido víctima de algún delito rural en los últimos dos años.
En diálogo con EME, el secretario de la entidad, Diego Alonso, explicó que el relevamiento buscó dimensionar una problemática que afecta desde hace años a quienes trabajan en el campo. No obstante, aclaró que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que la participación fue voluntaria y podría existir un sesgo en la muestra.
«El 70% de los que contestaron la encuesta en los últimos dos años fueron víctimas de algún tipo de delito rural», indicó.
La mitad de las víctimas no denuncia
Uno de los datos que más preocupa a la entidad es que solo la mitad de los productores afectados realizó la denuncia policial, mientras que el resto optó por no hacerlo.
Según Alonso, esta situación responde al descreimiento que existe respecto del funcionamiento del sistema de seguridad y de la Justicia.
«El 50% hizo las denuncias correspondientes y el otro 50% no», señaló, al sostener que muchos productores consideran que las investigaciones no avanzan y que los responsables rara vez reciben una condena.
Una problemática que excede al campo
Desde Carsfe remarcan que la inseguridad rural tiene características particulares debido a la extensión territorial y las dificultades para brindar una respuesta inmediata.
Alonso explicó que, en muchos casos, un móvil policial puede encontrarse a decenas o incluso cientos de kilómetros del lugar donde ocurre un hecho delictivo, lo que dificulta la prevención y la intervención rápida.
Si bien destacó el trabajo que realiza la Guardia Rural, consideró que los recursos disponibles siguen siendo insuficientes para cubrir toda la provincia.
«Pareciera que siempre resulta insuficiente», afirmó.
El abigeato y un riesgo para la salud pública
El dirigente también hizo referencia al crecimiento del abigeato y advirtió que detrás del robo de ganado existe un circuito ilegal de comercialización que termina abasteciendo distintos comercios.
«Esa carne termina llegando a carnicerías, rotiserías y lugares donde se elaboran comidas, sin ningún tipo de control sanitario. Eso constituye también un peligro para la salud pública», alertó.
Además, sostuvo que este tipo de delitos requiere cierto grado de organización y reclamó una mayor respuesta judicial para evitar que quienes delinquen recuperen rápidamente la libertad.
«Que no sea fácil robar, que te encuentren y volver a salir libre», expresó.
Reclamo por una política de Estado
Finalmente, Alonso insistió en que la inseguridad rural debe ser abordada de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y las instituciones vinculadas al sector productivo.
«Tiene que ser una política de Estado la seguridad rural. Si no generamos una respuesta conjunta, estos agujeros nunca se cierran», concluyó.
