La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió este jueves 3 de septiembre la destitución del fiscal adjunto Diego Gustavo Rodríguez y Barros, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La decisión fue adoptada durante la sesión conjunta de diputados y senadores y no registró votos en contra. Rodríguez y Barros se encontraba suspendido preventivamente desde julio de 2025, cuando comenzó el proceso disciplinario que finalmente derivó en su remoción.
La Asamblea confirmó el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo. Durante la sesión, Gramajo informó sobre la resolución, mientras que el diputado Marcos Corach intervino en el procedimiento en calidad de miembro acusador.
Las acusaciones analizadas durante el proceso
El expediente disciplinario contempló distintos episodios considerados graves por la Comisión de Acuerdos.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con una denuncia presentada ante una compañía aseguradora por el supuesto robo de las ruedas delanteras de un Chevrolet Cruze perteneciente a Rodríguez y Barros.
Según el expediente, antes de realizar esa denuncia, el entonces fiscal había manifestado ante empleados judiciales y funcionarios municipales que el vehículo había sufrido una rotura accidental. Testimonios incorporados al proceso respaldaron esas versiones.
La aseguradora detectó contradicciones en el relato y rechazó inicialmente el reclamo, al considerar “inverosímil” la mecánica denunciada.
El caso fue incorporado al proceso disciplinario como uno de los elementos considerados para evaluar la conducta del funcionario.
El acceso a información judicial
Otro de los hechos analizados estuvo relacionado con el sistema judicial Heimdall.
De acuerdo con el expediente, Rodríguez y Barros habría ingresado sin autorización a esa plataforma y cargado personalmente un requerimiento acusatorio dentro de un legajo que se encontraba asignado a otro funcionario judicial.
La Comisión de Acuerdos consideró que esa conducta implicaba intervenir como acusador público en un caso en el que el fiscal tenía un interés particular, lo que, según el dictamen, resultaba incompatible con el principio de objetividad que debe regir la actuación de los fiscales.
Denuncias dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge
El proceso también incorporó cuestionamientos vinculados con el comportamiento de Rodríguez y Barros hacia personas que se encontraban bajo su órbita laboral.
En ese marco fueron analizadas denuncias por malos tratos, hostigamiento laboral, amenazas y episodios vinculados con violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
La acumulación de los distintos episodios llevó a la Comisión de Acuerdos a considerar que el funcionario había perdido la “idoneidad ética” necesaria para continuar ejerciendo el cargo.
El dictamen también sostuvo que las conductas analizadas trascendían situaciones individuales y podían comprometer “el funcionamiento institucional del MPA”.
Corach: “Se garantizó el derecho de defensa”
Durante la sesión, Marcos Corach, quien actuó como acusador en el proceso, destacó el desarrollo del trámite disciplinario y sostuvo que se trató de un procedimiento “serio y sereno”, en el que se “garantizó el derecho de defensa”.
El legislador señaló además que durante la investigación aparecieron “nuevos hechos” y afirmó que “lo que se encontró fue grave”.
“No necesitamos convertir a esta asamblea en un tribunal”, sostuvo Corach.
Según explicó, la Legislatura adoptó una “decisión política” frente a un caso de “mal desempeño”, al considerar que Rodríguez y Barros había perdido “la autoridad” necesaria para continuar desempeñándose dentro del MPA.
La votación de la Asamblea
La destitución fue aprobada sin votos negativos.
Los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía solicitaron autorización para abstenerse. También pidió abstenerse la diputada Lionella Cattalini, quien había sido mencionada por Rodríguez y Barros en declaraciones públicas.
De esta manera, la Asamblea Legislativa resolvió la remoción del fiscal adjunto sin registrar votos en contra.
También rechazaron un planteo de una fiscal
Durante la misma sesión, la Asamblea Legislativa declaró “inadmisible” un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal del MPA María Verónica Ballari.
La funcionaria había sido sancionada con una suspensión de 90 días por decisión del Poder Legislativo santafesino.
El dictamen de la Comisión de Acuerdos había sido firmado por la totalidad de sus integrantes y posteriormente aprobado por la Asamblea. En esta votación también se registraron abstenciones de legisladores que habían solicitado apartarse de la decisión.
Con la destitución de Rodríguez y Barros, la Legislatura puso fin al proceso disciplinario iniciado en 2025 y determinó su salida del Ministerio Público de la Acusación.
