Una mujer de 38 años fue allanada este martes por la mañana en el marco de una investigación por presuntas amenazas y extorsión contra un periodista y otras dos personas en la ciudad de Santa Fe.
Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI), a partir de una orden solicitada por la fiscal Clelia Trossero, del Ministerio Público de la Acusación.
Uno de los allanamientos se llevó adelante en un departamento ubicado en Francia al 2100, donde reside la investigada. El segundo procedimiento tuvo lugar en un comercio de su propiedad, situado en Güemes al 3400.
Durante ambos operativos, los investigadores secuestraron cuatro teléfonos celulares, una computadora y una tableta, además de otros elementos de interés. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con los mensajes denunciados.
La denuncia que dio origen a la investigación
La causa comenzó el 26 de junio, cuando un hombre y una mujer denunciaron haber recibido mensajes amenazantes desde diferentes números telefónicos.
Según consta en la investigación, las comunicaciones no solo contenían amenazas, sino que también incluían pedidos de dinero.
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A partir de esa denuncia se inició el análisis de las líneas utilizadas. En paralelo, un periodista denunció haber recibido mensajes de características similares desde otra línea telefónica.
El trabajador de prensa había informado sobre un antecedente judicial que involucraba a la mujer ahora investigada.
Una condena previa y nuevas amenazas
La sospechosa, identificada por sus iniciales como M. E. L., había sido condenada en junio de este año a dos años de prisión condicional por amenazas y hostigamiento contra un médico traumatólogo con quien había mantenido una relación durante 2023.
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, el profesional había realizado alrededor de 22 denuncias en su contra.
El periodista que actualmente aparece entre las personas afectadas había publicado información sobre aquella condena. Según la hipótesis investigativa, posteriormente habrían continuado los mensajes intimidatorios y estos también habrían alcanzado al trabajador de prensa.
El dato clave estuvo en los teléfonos
Una de las principales líneas de investigación estuvo centrada en el seguimiento de los números telefónicos y los códigos IMEI de los dispositivos utilizados.
A partir de informes requeridos a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), los investigadores detectaron que un mismo aparato había registrado actividad con diferentes líneas telefónicas.
Según la pesquisa, algunas de esas líneas coincidirían con las utilizadas para enviar los mensajes denunciados por las víctimas.
Además, una línea registrada a nombre de la mujer investigada y utilizada habitualmente por ella también había tenido actividad en ese dispositivo.
Los investigadores incorporaron información obtenida de fuentes abiertas en internet y vincularon esa línea con la cuenta de un local de estética de manos perteneciente a la sospechosa.
Con esos elementos, la Fiscalía avanzó con el pedido de allanamiento del domicilio particular y del comercio.
Qué encontraron en los allanamientos
El primer procedimiento comenzó antes de las 8.30 en el edificio de Francia al 2100. El encargado permitió el ingreso de los investigadores y la mujer recibió al personal policial en su departamento sin oponerse al procedimiento.
La orden judicial fue leída en presencia de dos testigos y el operativo fue registrado en video.
Durante la requisa fueron secuestrados tres teléfonos celulares, una computadora, una tableta con la pantalla dañada y la caja vacía de uno de los teléfonos.
Luego, otro grupo de agentes se trasladó hasta el comercio de Güemes al 3400. Allí, una empleada permitió el ingreso del personal y se secuestró un cuarto teléfono celular.
La mujer quedó en libertad
Finalizados los procedimientos, la mujer fue trasladada para su correcta identificación y quedó formalmente notificada de la investigación.
Por disposición de la fiscal Clelia Trossero, permanece en libertad mientras continúa la pesquisa.
La calificación legal provisoria de la causa es por amenazas simples y extorsión.
Ahora, los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes criminalísticos. El objetivo es determinar si contienen información que permita reconstruir el origen de los mensajes, establecer quiénes los enviaron y avanzar en la determinación de las responsabilidades correspondientes.
