El acceso a la atención en salud mental atraviesa un escenario complejo en Santa Fe. La saturación de los centros de atención primaria, las dificultades para sostener tratamientos y la falta de alternativas para acompañar a personas con padecimientos psíquicos son algunos de los problemas que describió Lucrecia Faccioli, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia, durante una entrevista con EME en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.
“La salud mental no es solo salud, también tiene que ver con otras condiciones, con otros determinantes”, explicó Faccioli. En ese sentido, remarcó que el bienestar emocional no depende únicamente de factores biológicos u orgánicos, sino también de las condiciones sociales, económicas, culturales y de la historia de cada persona.
“Si alguien no llega a fin de mes, no tiene plata para mandar a sus chicos a la escuela o no puede pagar el alquiler, todo eso incide claramente en la subjetividad de las personas”, señaló. Y agregó que, en un contexto social complejo, esas dificultades repercuten directamente en la salud mental.
La funcionaria también planteó que el padecimiento no debe entenderse como una condición estática. “La salud mental no es una foto, es algo dinámico. Todos y todas, en algún momento, podemos atravesar un duelo, una situación de angustia o una situación de desempleo. No es inconsecuente todo lo que nos pasa”, afirmó.
Un sistema de atención con dificultades de acceso
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por Faccioli es la posibilidad concreta de acceder a un tratamiento. “El acceso a la atención en salud mental, que es un derecho humano, está muy complejo, y también recibimos demandas espontáneas”, advirtió.
En ese contexto, fue contundente al describir el funcionamiento de los servicios de primera atención: “Los centros de atención primaria están colapsados, totalmente”.
La falta de respuestas oportunas, explicó, lleva a que las situaciones se agraven hasta convertirse en urgencias. Como ejemplo, mencionó el papel que terminó ocupando el servicio de emergencias 107, originalmente pensado para atender situaciones críticas.
“El 107, que fue pensado para urgencias y emergencias, termina constituyéndose en el primer eslabón entre la persona y el sistema de salud”, sostuvo.
Faccioli describió cómo, en algunos casos, la falta de acceso previo a consultas, tratamientos o medicación desemboca en crisis que afectan tanto a las personas como a sus familias. “Cuando esa persona que no pudo recibir ninguna atención entra en una crisis total, la familia pide a gritos auxilio al 107. Si hubiera podido acceder antes a un tratamiento, a una escucha, a una medicación, no tendríamos que estar llegando a ese extremo”, señaló.
La funcionaria también destacó las dificultades que aparecen cuando una persona internada ya no necesita permanecer en el hospital, pero no cuenta con condiciones materiales o familiares para regresar a su comunidad.
“Cuando evaluamos a una persona que lleva tiempo internada y el equipo dice que ya no tiene criterio clínico, ahí empieza la complejidad para que vuelva a la sociedad: las familias están arrasadas, perdió la casa, y además se suma el flagelo de los consumos. Es un cóctel muy complejo”, describió.
Frente a ese escenario, indicó que el organismo trabaja sobre dos dimensiones: garantizar el acceso a los tratamientos y articular con instituciones estatales y organizaciones civiles para que las personas puedan retomar una vida digna fuera del ámbito hospitalario, con continuidad en su atención.
La Ley de Salud Mental y las dificultades para aplicarla
La entrevista también abordó la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y las dificultades para garantizar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Faccioli aclaró que la normativa contempla las internaciones involuntarias cuando se cumplen los criterios establecidos. Por eso, diferenció el contenido de la ley de las decisiones de gestión y de las políticas públicas destinadas a implementarla.
“Una cosa es la ley y otra cosa es la gestión, las políticas que se llevan adelante”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la falta de camas disponibles constituye un problema concreto cuando una persona atraviesa una crisis y necesita atención. “Muchas veces la persona está en crisis y no hay cama”, expresó, en referencia a dispositivos de atención de la provincia.
Para la secretaria ejecutiva, las dificultades no se resuelven modificando la normativa, sino fortaleciendo la infraestructura y ampliando las alternativas de tratamiento. “Eso no tiene que ver con la letra de la ley, tiene que ver con cuestiones de recursos, de crear más dispositivos, de ampliar la atención de salud mental en los hospitales generales, que eso dice la ley. Basta de que solamente se atienda en un psiquiátrico, en un encierro”, sostuvo.
Consultada sobre cuánto falta para alcanzar ese objetivo, su respuesta fue categórica: “Muchísimo, muchísimo. Falta mucho”.
Casas asistidas: alternativas a la internación prolongada
Entre los cambios previstos por la Ley de Salud Mental se encuentra la sustitución progresiva del modelo de atención basado en el encierro por alternativas comunitarias, como las casas asistidas.
Faccioli explicó que estos espacios buscan que las personas puedan vivir fuera de una institución psiquiátrica, con rutinas propias y acompañamiento, en lugar de permanecer internadas durante años.
“Una casa asistida es una casa donde las personas viven como vivimos los que no estamos hospitalizados, con una rutina singular: cada uno se levanta a la hora que puede o quiere, se baña, se viste como puede”, detalló.
Sin embargo, la disponibilidad de estos dispositivos sigue siendo limitada. Según precisó, en la ciudad de Santa Fe existe una sola casa asistida, mientras que en Rosario funcionan alrededor de tres.
También mencionó avances en la colonia psiquiátrica de Oliveros, donde algunos pabellones de internación comenzaron a transformarse en viviendas dentro del predio. Esos espacios están destinados a personas que llevan entre 20 y 30 años en la institución y que, en muchos casos, ya no cuentan con familiares ni con posibilidades de acceder a un empleo que les permita sostenerse.
“Es un pequeño avance, pero no es el que esperábamos luego de 20 y pico de años de la sanción de la ley”, evaluó.
El Órgano de Revisión intervino en unas 2.500 internaciones involuntarias
El organismo que integra Faccioli tiene entre sus funciones supervisar las internaciones involuntarias y controlar que se respeten los derechos de las personas que atraviesan esas situaciones.
“Este organismo fue creado para supervisar las internaciones involuntarias que se prolongaban por mucho tiempo en los hospitales psiquiátricos, donde la gente quedaba a vivir, quedaba abandonada”, explicó.
La funcionaria remarcó que estas internaciones implican una restricción de la libertad y, por ese motivo, requieren controles específicos. “Las internaciones involuntarias son privaciones de libertad. Justamente para eso existimos los órganos de revisión”, señaló.
En cuanto al trabajo realizado durante este año, informó que el organismo intervino en aproximadamente 2.500 internaciones involuntarias, en el marco de los controles de legalidad que lleva adelante junto con el Poder Judicial.
Faccioli aclaró que no dispone de datos específicos sobre el nivel de subdiagnóstico de los problemas de salud mental en la provincia, por lo que diferenció esa información de los registros de intervenciones que realiza el organismo.
Escuchar a las personas con padecimientos de salud mental
El lema del Día Mundial de la Salud Mental de 2026 es “Escuchemos a las personas con experiencias vividas, más voces, más cambios reales”. Para Faccioli, la consigna pone el foco en la participación de quienes atravesaron o atraviesan padecimientos psíquicos en las decisiones sobre las políticas públicas.
“Lo que quiere decir la OMS, y es muy importante para nosotros, es que se escuche a las propias personas que han tenido o tienen padecimientos”, sostuvo.
En Santa Fe, explicó, el consejo directivo del Órgano de Revisión cuenta con cuatro bancas destinadas a personas usuarias de los servicios de salud mental. También participan organismos públicos, asociaciones civiles vinculadas con la salud mental y los derechos humanos, y trabajadores del sector.
La funcionaria mencionó, además, los reclamos de distintos colegios profesionales por mayores recursos y mejores condiciones de trabajo, aspectos que consideró fundamentales para avanzar en la aplicación de la ley.
En ese marco, destacó la importancia de que las personas involucradas participen de las decisiones que las afectan. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, resumió, en consonancia con el lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Un abordaje que involucre a todo el Estado
Hacia el cierre de la entrevista con EME, Faccioli insistió en que las dificultades de la salud mental no pueden abordarse exclusivamente desde el sistema sanitario. La respuesta, sostuvo, requiere políticas coordinadas que contemplen las condiciones de vida de cada persona.
“No solo salud: también tiene que estar desarrollo social, educación, cultura, vivienda”, enumeró.
Y concluyó con un reclamo por una mayor presencia estatal y por la ampliación de las alternativas de atención: “La salud sola no puede, los trabajadores de salud solos no pueden. Para eso tiene que estar el Estado poniendo alivio, abriendo más dispositivos de atención”.
