Organizaciones, familias, prestadores y trabajadores vinculados a la discapacidad se movilizan este jueves en la ciudad de Santa Fe para exigir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la asignación de presupuesto para su cumplimiento y la derogación del DNU 70/23.
La convocatoria de la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad estaba prevista para las 9.30 en la plaza 25 de Mayo. La protesta se enmarca en un reclamo nacional frente a las políticas del Gobierno nacional, las bajas de pensiones, las dificultades para acceder a prestaciones y la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En diálogo con EME, Gabriela Bruno, militante por los derechos de las personas con discapacidad, advirtió sobre la demora en la continuidad de la norma y reclamó que se extienda hasta 2027.
“Exigimos que se le asigne presupuesto, que se cumpla con la ley de emergencia y que se prorrogue, ya que vence ahora en diciembre de 2026”, sostuvo. Además, remarcó que las organizaciones no buscan introducir cambios en la legislación, sino garantizar su aplicación efectiva: “No queremos las innovaciones que propuso el oficialismo, sino simplemente que se cumpla”.
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Una convocatoria que reúne a familias, prestadores e instituciones
La concentración en Santa Fe contará con la participación de organizaciones de personas con discapacidad, familiares y distintos sectores que intervienen en la atención y el acompañamiento. Entre ellos, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas y acompañantes terapéuticos.
Bruno explicó que el horario fue elegido para facilitar la participación de quienes trabajan en instituciones y servicios vinculados con la discapacidad. La movilización también tendrá su expresión en otras ciudades del país, con una concentración en el Congreso de la Nación.
“La idea es hacer fuerza en conjunto en todo el país, a nivel federal, como lo hicimos durante toda la lucha por la ley de emergencia y por revertir el veto”, señaló.
La militante recordó que la sanción de la norma fue resultado de una movilización sostenida y de la insistencia legislativa después del veto presidencial. En ese contexto, insistió en la necesidad de mantener la organización para que la ley tenga continuidad y recursos.
Pensiones, prestaciones y cobertura de salud, en el centro del reclamo
Uno de los principales planteos de las organizaciones es la continuidad de las pensiones no contributivas, que para muchas personas con discapacidad representan su único ingreso.
“Estamos tratando de sostener lo conquistado, ya que no estamos hablando de derechos nuevos, sino de sostener lo existente”, afirmó Bruno.
También advirtió sobre las consecuencias que las dificultades de financiamiento y los atrasos en los pagos pueden tener en la continuidad de los servicios. Según planteó, los prestadores necesitan cobrar para sostener sus actividades, mientras que las personas con discapacidad requieren esas prestaciones para su vida cotidiana.
El reclamo incluye, además, la falta de cobertura de Incluir Salud y las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a tratamientos, acompañamientos y otros servicios esenciales.
Críticas a las auditorías y a la política nacional
Bruno cuestionó el enfoque del Gobierno nacional sobre las pensiones y las auditorías realizadas para revisar las prestaciones. Sostuvo que los controles se llevaron adelante sin contemplar adecuadamente las dificultades de traslado de las personas convocadas.
Como ejemplo, mencionó el caso de habitantes de Tostado que debían viajar hasta Rafaela para realizar los trámites. También criticó que, en lugar de articular con el sistema público de salud, se recurriera a clínicas privadas para efectuar las auditorías.
La militante rechazó, además, que se ponga el foco sobre las personas con discapacidad ante las sospechas de irregularidades en el sistema. “Se pone la corrupción sobre las personas con discapacidad cuando lo que se está investigando es la corrupción directamente en la Agencia Nacional de Discapacidad”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó los cambios de autoridades en el organismo y reclamó que las investigaciones sobre posibles irregularidades no se traduzcan en obstáculos para quienes necesitan las prestaciones.
Bruno también sostuvo que la falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad debería ocupar un lugar central en la discusión pública. Según expresó, el debate sobre las pensiones debe contemplar las barreras que dificultan el acceso al empleo.
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El pedido de una prórroga hasta 2027
La Ley de Emergencia en Discapacidad vence en diciembre de 2026, según señalaron las organizaciones convocantes. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es que la norma se prorrogue para el año próximo y que su aplicación cuente con los recursos necesarios.
“Que se prorrogue para el 2027 y que se pueda cumplir efectivamente, que se le asigne presupuesto y que se contemple aquello que acordamos quienes trabajamos para sacar la ley de emergencia”, resumió Bruno.
La convocatoria busca visibilizar el impacto que las decisiones presupuestarias y administrativas tienen sobre las personas con discapacidad, sus familias y quienes brindan servicios. “Vamos a seguir peleando por esto”, concluyó.
