La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una modificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos que endurece las medidas contra quienes incumplan el pago de las cuotas alimentarias fijadas por la Justicia. La iniciativa, que ahora deberá completar su tratamiento en el Senado, prevé que los morosos no puedan ingresar a estadios de fútbol ni a casinos, sin necesidad de una orden judicial específica para aplicar esas restricciones.
El proyecto reúne propuestas de distintos bloques políticos y transfiere al Poder Ejecutivo la responsabilidad de administrar y actualizar la información del registro. La Justicia continuará determinando el monto de las cuotas y estableciendo cuándo una persona se encuentra en situación de morosidad.
Hasta ahora, las prohibiciones de acceso a espectáculos deportivos y casinos se habían aplicado en casos particulares por disposición judicial. Con la reforma, esos impedimentos pasarían a formar parte del régimen general para quienes cumplan las condiciones previstas en la ley.
Qué sanciones contempla la reforma
El proyecto diferencia dos niveles de incumplimiento. Las medidas generales se aplicarían cuando una persona acumule dos cuotas alimentarias impagas, total o parcialmente, durante el último año, sean consecutivas o alternadas. Si los incumplimientos llegan a seis en ese mismo período, se activarían restricciones más severas.
Entre las principales medidas previstas se encuentran:
- Prohibición de ingresar a estadios de fútbol y casinos para quienes figuren como deudores alimentarios.
- Impedimentos para obtener o renovar la licencia de conducir, con una excepción para quienes la necesiten para trabajar. Esa posibilidad no se contemplaría en los casos de incumplimiento agravado.
- Inhibición general de bienes para quienes acumulen seis incumplimientos en el período establecido.
- Imposibilidad de cobrar premios de juegos de azar o casinos durante 60 días desde la inscripción por incumplimiento.
- Suspensión de pagos estatales por servicios contratados durante ese mismo plazo.
- Restricciones para acceder a cargos públicos, presentarse como candidatos en elecciones provinciales o municipales y participar en procesos de selección para ocupar cargos judiciales.
La aplicación de estas sanciones dependerá de que se cumplan las condiciones previstas en la normativa y de que la persona haya sido declarada judicialmente en mora.
Un nuevo registro bajo la órbita del Poder Ejecutivo
La reforma crea el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, un sistema destinado a reunir y actualizar la información de las sentencias que establecen cuotas alimentarias para hijos u otros familiares.
La inscripción en la base de datos no significa, por sí sola, que una persona sea deudora morosa. Las restricciones se aplicarán cuando exista una declaración judicial de incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.
La situación podrá revertirse si se cancelan las cuotas adeudadas, lo que permitirá solicitar el levantamiento de las sanciones correspondientes.
Otro de los cambios habilita las consultas públicas y gratuitas por medios electrónicos para verificar si una persona registra deudas alimentarias. El sistema deberá limitar la información disponible a los datos mínimos necesarios para identificarla y conocer su situación. Además, estará prohibida la descarga masiva de información y la indexación de los resultados en motores de búsqueda.
Las empresas y los organismos obligados a consultar el registro tendrán un plazo de tres días hábiles para realizar las verificaciones. Ese mismo límite regirá para actualizar los datos de las personas incorporadas a la base.
Según la información difundida durante el tratamiento del proyecto, el registro actual reúne alrededor de 2.400 casos de deudores alimentarios en la provincia. La reforma busca establecer un mecanismo de control más amplio y sistemático para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
