El Gobierno de Santa Fe concretó este viernes el derribo de otro búnker utilizado para la venta de estupefacientes en Rosario. Con esta intervención, ya son 93 los inmuebles inactivados en la ciudad y 155 en todo el territorio provincial desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.
El operativo se llevó adelante en una propiedad ubicada en la intersección de Tupac Amaru y Federico de la Barra, bajo la supervisión del secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mercedes Banchio.
Tras el procedimiento, Santantino destacó la continuidad de la política contra el microtráfico y sostuvo que estas intervenciones forman parte de una estrategia que, según indicó, viene acompañada por una caída de los indicadores de violencia.
Además, valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el MPA y las fuerzas federales, que permite avanzar sobre los puntos de comercialización de drogas y los espacios vinculados con actividades delictivas.
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El funcionario también advirtió que la inactivación de los inmuebles no significa que el problema esté resuelto. Según explicó, cada uno de los lugares intervenidos queda inutilizado para continuar con la venta de estupefacientes, pero existe el riesgo de que la actividad se traslade a otros sectores.
Por ese motivo, señaló que se mantiene un seguimiento de los lugares derribados, con especial atención a las denuncias de vecinos y a los indicadores de violencia. El objetivo es detectar posibles cambios en las modalidades de comercialización y evitar que se reproduzcan los conflictos territoriales asociados al microtráfico.
Cómo comenzó la investigación
La investigación que permitió identificar el búnker surgió a partir de una intervención de Gendarmería Nacional durante una persecución en flagrancia. Según explicó la fiscal Mercedes Banchio, en el lugar se detectó cocaína que estaba siendo fraccionada, además de elementos utilizados para preparar y comercializar dosis destinadas a consumidores.
A partir de esas constataciones y del trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad, se avanzó con la intervención del inmueble.
La investigación también permitió llevar a audiencia a una persona que residía en una propiedad lindera y que se atribuía el derecho de propiedad sobre el lugar posteriormente inactivado.
Banchio explicó que este tipo de procedimientos permite avanzar en investigaciones más amplias para identificar a quienes controlan los puntos de venta y determinar sus posibles vinculaciones con organizaciones delictivas.
En ese sentido, advirtió que muchas veces las personas que realizan tareas de comercialización responden a estructuras de mayor alcance, detrás de las cuales se producen disputas territoriales que derivan en hechos de violencia.
La aplicación de la Ley de Microtráfico
La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura de Santa Fe en diciembre de 2023 y comenzó a implementarse a principios de 2024. La normativa establece herramientas para intervenir sobre puntos de venta de drogas y propiedades vinculadas con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva.
Su aplicación requiere la coordinación entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
Desde su puesta en marcha, se realizaron procedimientos en distintas localidades de la provincia para inactivar inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes y actuar sobre los focos de violencia relacionados con estas actividades.
