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El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad y estableció un régimen permanente

La iniciativa obtuvo 71 votos y reemplaza el esquema de emergencia que vence a fin de año. Mantiene las pensiones no contributivas, la actualización de prestaciones y la compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones, además de establecer auditorías y mecanismos de financiamiento.

Además

El Senado de la Nación convirtió en ley este miércoles el nuevo régimen de discapacidad, que establece un sistema permanente de prestaciones y beneficios para las personas con discapacidad. El proyecto fue aprobado por unanimidad, con 71 votos afirmativos, y recupera gran parte de las disposiciones de la ley de emergencia que había sido vetada por el Gobierno nacional el año pasado y posteriormente ratificada por el Congreso.

La norma, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el esquema de emergencia que vence en diciembre y garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas de salud.

Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, y establece su compatibilidad con el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento de acceso a los beneficios, incorpora un nomenclador universal y establece un arancel unificado para las prestaciones.

 

 

Prestaciones, cobertura y financiamiento

La legislación ratifica la actualización periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura de salud a través del programa Incluir Salud.

Además, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud destinada al área no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior. En relación con las deudas pendientes con prestadores, dispone que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelarlas en un plazo máximo de 90 días.

El nuevo régimen también contempla auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. Ante eventuales irregularidades, podrá disponerse la suspensión preventiva de beneficios, aunque se garantizará la notificación fehaciente, un plazo para realizar descargos y el debido proceso.

Los argumentos durante el debate

El senador oficialista Agustín Monteverde defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá establecer “reglas estables” y previsibilidad para beneficiarios y prestadores. Afirmó que el proyecto no implica recortes y que busca evitar un vacío legal a partir del 1° de enero de 2027.

También explicó que las eventuales suspensiones se aplicarán una vez vencido el plazo para efectuar descargos y que se contemplará la posibilidad de una rehabilitación provisoria. En cuanto al financiamiento, señaló que los gastos se imputarán al Ministerio de Salud y, si los recursos resultaran insuficientes, a la jurisdicción 91 del Presupuesto Nacional.

Desde la oposición, Alicia Kirchner consideró que la sanción representa una respuesta importante, aunque advirtió que la ley tiene aspectos que deberán revisarse. “Toda ley es perfectible”, sostuvo, y remarcó que la aprobación constituye un punto de partida, pero no una solución definitiva.

El senador Guillermo Andrada explicó las diferencias entre las pensiones por discapacidad vinculadas a la protección social y las pensiones por invalidez, y aclaró que el alcance de los beneficios depende de las condiciones previstas en cada caso.

Por su parte, Maximiliano Abad planteó que el principal desafío será garantizar la aplicación efectiva de la norma, la llegada de los recursos al territorio y el pago en tiempo y forma a los prestadores. También reclamó que las familias no tengan que recurrir a la Justicia para acceder a tratamientos.

Finalmente, Martín Goerling Lara destacó la importancia de terminar con la incertidumbre que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias. “La dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de su familia no pueden vivir atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre”, expresó, y consideró que la sanción representa un punto de inflexión para el sistema.

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